pamplona. ¿Cómo sentó en AI el veto de UPN y PSN a la exposición del informe Sal en la Herida ?

Básicamente despertó extrañeza. No recordamos un caso en que no hayamos podido comparecer ante un Parlamento. Pero lo peor no es que nosotros no hayamos podido ir, sino que los 13 ejemplos con los que se ilustran las vulneraciones de derechos humanos en ese informe, que son casos con nombres y apellidos, no fueron atendidos.

Se pusieron en contacto con quienes les vetaron. ¿Hubo respuesta?

Lo que hicimos fue remitirles el informe para que al menos lo conocieran. Unos contestaron, otros no.

Si hubiera que poner una nota al Estado en el cumplimiento de sus recomendaciones, ¿cual sería?

Me resisto a poner una nota numérica porque hay matices. Por ejemplo el terrorismo, que también vulnera los derechos humanos y que acaba mediatizando el debate. Pero en otros ámbitos, como la inmigración, lo que sí detectamos es un incremento y persistencia en casos de malos tratos y torturas por parte de agentes de casi todas las policías y, frente a esto, el posicionamiento del Gobierno que sólo reconoce casos aislados. Pero no sólo en los casos de tortura, también respecto a limbos jurídicos como los centros de internamiento en Mauritania, las expulsiones colectivas sin asistencia letrada o la falta de documentación de casos de ataques racistas y xenófobos, lo que les dota de un áurea de invisibilidad. El problema en España es que este tipo de prácticas no se reconoce como un problema.

¿Hay visos de que vaya a cambiar?

No mientras no se reconozca el problema. Pero hay movimientos para la esperanza como la inclusión de videocámaras en las comisarías de la Ertzaintza o de los Mossos.

¿Es un fenómeno aislado?

Tampoco. Lo que aquí sucede sigue las tendencias vigentes en Europa, donde, por ejemplo en materia de inmigración, parece que se quieren armonizar políticas restrictivas que generan esos espacios oscuros.

¿Y para hacer frente a esa tendencia basta con la denuncia?

No todo el pescado está vendido. Cabe la posibilidad de que el Parlamento Europeo rechace las medidas propuestas y nosotros hemos escrito una carta a cada europarlamentario solicitándolo. Además, existe el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Sorprende que en sus informes no haya referencias a los denuncias de tortura relacionadas con el denominado ‘conflicto vasco’.

Estos son informes de casos, no estadísticas, y en estos informes, por ejemplo, sí se cuestiona el régimen de incomunicación y se pide su derogación o, por lo menos y de forma paliativa, la aplicación de garantías adicionales como las videocámaras para prevenir las torturas, pero también las falsas denuncias.

Se les acusa de mirar a otro lado en esta cuestión y de obviar el carácter político de macrojuicios como el 18/98 o el de Gestoras Proamnistía.

No miramos a otro lado, tratamos de ser imparciales. Denunciamos los atentados de ETA, pero también exigimos al Estado que obvie el trasfondo político del terrorismo a la hora de perseguir delitos como la tortura. Defendemos que hay que ir en contra del tiro en la nuca, pero también en contra de la tortura y, desde luego, que la existencia de ésta no legitima respuestas violentas.

Respecto a los macrojuicios, lo único que puedo decir es que se están investigando ahora, sobre todo el del 18/98 y aún no se ha llegado a una conclusión.