El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar, anunció ayer que diversas organizaciones sindicales y ONG europeas se están movilizando ante las “inminentes” políticas migratorias que asumiría Francia al presidir la UE. Para Díaz, medidas como el contrato de integración fomentan dos categorías de ciudadanos: los europeos “puros” y los “extranjeros”.

Durante la presentación del decálogo de propuestas en materia de inmigración para la próxima legislatura junto al sindicato USO, la Red Acoge y la asociación APDHA, el portavoz denunció que “en vez de hablar de cómo mejorar los servicios públicos de los municipios con más inmigrantes o cómo impulsar su integración social”, el discurso del Gobierno se está centrando “en la inmigración ilegal, en cómo expulsar a los indocumentados y cómo evitar que entren en nuestro país”.

“Leyes como la de vagos y maleantes demostraron que criminalizar la pobreza no da soluciones”, expresó al tiempo que abogaba por aportar “medidas concretas para problemas concretos”. Para solucionarlo, propuso atajar los problemas mediante la cooperación al desarrollo en sus países y, para los casos más urgentes, defender el derecho de asilo. “España tiene un número de asilados rídiculo comparado con Canadá, Brasil o Chile”, los principales países de acogida de los 40 millones de refugiados que hay en el mundo.

El secretario general de la Red Acoge, José Miguel Morales, apuntó a Bélgica e Irlanda como países modelo en los que los inmigrantes tienen derecho a votar en las elecciones municipales. Además, exigió un aumento de las ayudas económicas y normalizar las condiciones de vida de la población extranjera: “Todavía hay municipios en los que les niegan el padrón, falta el acceso a la educación y sanidad pública y las mujeres maltratadas que no se separan de su pareja porque perderían derechos”.

Ley de Extranjería

Respecto a la futura reforma de la Ley de Extranjería, el colectivo reclamó nuevas vías legales efectivas para la regularización de las personas en situación irregular más allá de los “ineficaces” arraigos laboral y social y combatir la explotación laboral.

Carlos Arce, de APDHA, recordó la falta de recursos que tienen los consulados en los países de origen e hizo énfasis en buscar una política encaminada al cierre de los Centros de Internamiento para Inmigrantes (CIE).