Francia, que asumirá la presidencia semestral de la Unión Europea (UE) el próximo 1 de julio, ha propuesto a sus socios un pacto europeo para endurecer las condiciones de inmigración. La iniciativa francesa prima a los inmigrantes de alta cualificación, impone un “contrato de integración” a los residentes extranjeros y veta nuevas regularizaciones masivas como la realizada por España. El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, reconoció ayer que España está negociando intensamente el contenido de este pacto con Francia.
En el conjunto de los 27 países de la UE viven actualmente más de 25 millones de inmigrantes legales (europeos y extracomunitarios). A esta cifra hay que sumar los 8 millones de inmigrantes irregulares que se hallan en la UE y cuyo número se incrementa entre 350.000 y 500.000 cada año. Esa inmigración clandestina aporta gran parte de la mano de obra de una economía sumergida que representa entre el 7% y el 16% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, según la Comisión Europea.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, quiere aprovechar su mandato europeo para lograr el compromiso de impulsar “una inmigración escogida”, dentro del respeto de las competencias nacionales. El documento se presentará durante el Consejo informal de ministros de Justicia e Interior que se celebrará el 7 y 8 de julio, explicaron fuentes diplomáticas.

CUATRO APARTADOS
El pacto abarcará una estrategia de lucha contra la inmigración ilegal, la integración de los inmigrantes legales, la armonización de la política de asilo y un programa para favorecer el desarrollo de los países de origen de la inmigración irregular, según el esquema formulado por el ministro de Inmigración, Brice Hortefeux.
La prioridad en inmigración ilegal será perseguir a las empresas que emplean a mano obra clandestina y las redes de tráfico de inmigrantes, según las citadas fuentes diplomáticas. Un proyecto de directiva en ese sentido se encuentra en trámite en el Consejo de Ministros de la UE. Los Veintisiete también acaban de pactar una directiva para armonizar la expulsión de los inmigrantes irregulares, que permite su detención hasta 18 meses y que ahora debe ser ratificada por el Parlamento Europeo.
Sarkozy quiere además reforzar los controles de las fronteras exteriores de la UE y el compromiso de los Veintisiete de recurrir “cada vez que sea necesario a vuelos comunes” para expulsar a los sin papeles.
El plan francés pretende establecer un “contrato de integración” para los inmigrantes legales, que incluya la obligación de conocer la lengua del país de residencia y la aceptación de sus valores, como la tolerancia y el respeto a la igualdad de la mujer.

NEGOCIACIÓN
España respalda la iniciativa francesa de un pacto europeo sobre la inmigración, señaló López Garrido. “Estamos trabajando y negociando ese documento con Francia e intercambiando textos”, agregó, por lo que aún no está detallado su contenido final.
España, destacó, se opone a introducir trabas que puedan dificultar la inmigración legal. “Aprender el idioma del país es un deber para los inmigrantes y de la Administración para que eso se pueda realizar”, señaló López Garrido, pero se mostró contrario a introducir un examen de lengua de entrada. España considera también que los inmigrantes tienen la obligación de respetar las leyes del país de acogida, por lo que puede ser redundante una exigencia de conocer y respetar los valores europeos.