pamplona. Amnistía Internacional reclamó ayer en el Parlamento la firma de los aforados en favor de impulsar un tratado internacional que regule el comercio de armas. Además, el director de la sección española de esta ONG, Esteban Beltrán, aprovechó para reclamar también la implicación de los grupos en la defensa de los derechos humanos en cuestiones como agresiones racistas, violencia de género o tortura, y para exponer parte del informe España. Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, cuya exposición ante la Cámara fue vetada por UPN y PSN el pasado mes de enero.

Beltrán, a petición de NaBai e IUN, compareció ayer ante la comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional para presentar el informe anual de Amnistía Internacional que, como el vetado anteriormente, vuelve a denunciar que las violaciones de los derechos humanos y las torturas por parte de agentes de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es “constante y extendida” en España.

el problema En una rueda de prensa, Beltrán explicó que “el principal problema es que no se reconoce a los malos tratos y a las torturas como un problema y por lo tanto no se toman medidas para solucionarlo”. Eso sí, el responsable estatal de AI incidió en que, para su organización, “la tortura en España no es una práctica sistemática porque no forma parte de la política del Gobierno”, pero reiteró que “sí está extendida en una buena parte del territorio y se detecta todos los años”.

El director de Amnistía Internacional afirmó que el mayor número de víctimas por este tipo de malos tratos son inmigrantes y explicó que entre 1995 y 2002 la ONG documentó 320 casos de malos tratos, detenciones ilegales y de abusos bajo custodia. Entre el colectivo de inmigrantes, destacó la situación de indefensión que viven especialmente las mujeres que sufren violencia de género ya que, en caso de denuncia, se enfrentan a una posible expulsión. Y es que la violencia de género es otra de las vulneraciones de los derechos humanos en los que AI centra su trabajo, aunque en este campo (que no en el de la xenofobia o en el de la tortura) es donde la organización reconoce mayores avances en el Estado.

las soluciones Criticó que en España existe una “deficiencia estructural” para combatir los casos de tortura y malos tratos y explicó que éstos “difícilmente se investigan pronto y de forma eficaz, y muchos de ellos se investigan por parte de agentes del mismo cuerpo con lo que el corporativismo deriva, a veces, en impunidad”. Para corregir esta situación, la ONG aboga por poner en marcha un organismo de investigación independiente que responda sólo ante el Congreso de los Diputados y por instalar videocámaras en las comisarías y salas de interrogatorio.

Al margen de las torturas, Beltrán advirtió, de forma global, que existe “un problema de invisibilidad” respecto a la violencia racista en la sociedad y argumentó que España es uno de los únicos cinco países de Europa que no documentan los ataques racistas. Según explicó, mientras el Reino Unido registra anualmente de forma oficial unos 55.000 ataques de este tipo, la Guardia Civil registró en 2005 entre 10 y 12 casos, y la Policía Nacional, entre 80 y 100. Ante esta situación, afirmó que “los parlamentarios son muy importantes, representan un control del Estado y esperamos que puedan colaborar en materia de derechos humanos, no sólo con lo que ocurre aquí, sino también fuera”.