Sarkozy está dispuesto a darle una vuelta de tuerca a la cada vez más dura política de inmigración europea. Si hace dos semanas los 27 acordaban aplicar mano dura a los irregulares, e Italia decidía considerar como delito la inmigración ilegal, ayer el Financial Times desveló que el presidente francés aprovechará la presidencia gala de la UE, a partir del 1 de julio, para proponer contratos de integración obligatorios para inmigrantes, así como para aumentar la represión sobre los irregulares. Sarkozy pedirá a los Estados que obliguen a los extranjeros a tomar clases del idioma del país receptor, así como a firmar un contrato mediante el que se comprometan a conocer la cultura y respetar los valores nacionales y europeos en materia de tolerancia e igualdad. El presidente francés también apuesta por una rápida aplicación de los visados biométricos – para dificultar falsificaciones – y por impulsar las repatriaciones. El contrato de Sarkozy es similar al que planteó el PP y al que, con carácter voluntario, pretende promover Camps en la Comunidad Valenciana. El Gobierno rechazó ayer esta iniciativa y calificó de «obstáculo innecesario» que se obligue a los extranjeros a aprender castellano. Sin embargo, admitió que conocer el idioma es un deber del inmigrante, y su enseñanza una obligación de la Administración española para integrarlo.El buenismo del Gobierno, en aras de una política de inmigración que cada vez nos aisla más del resto de Europa, deja entrever así sus contradicciones.