Nicolas Sarkozy quiere extrapolar al ámbito comunitario la política francesa de inmigración. Tolerante y abierta con los países del Este, pero restrictiva con los flujos ajenos al espacio de la UE.

La percha no es otra que el relevo de la presidencia en la Unión Europea. Nicolas Sarkozy la asume en nombre de Francia el próximo día 1 de julio.

Y lo hace con la pretensión de que los socios continentales se avengan a firmar un proyecto de inmigración común.

No sólo para agilizar coralmente los dossieres de expulsiones.También para endurecer las condiciones de regularización. Empezando porque los candidatos a trabajar en Europa deben superar una especie de examen de integración cuya letra implica el conocimiento de la lengua, la comunión con los valores continentales, el propósito de adaptación y el respeto a los principios de tolerancia e igualdad.

El borrador del plan Sarkozy tiene que desarrollarse en las próximas semanas, aunque el diario británico Financial Times ha conseguido una copia y ha anticipado las líneas maestras. Incluida la que concierne a los acuerdos con los países que arrojan más casos de inmigrantes. Nicolas Sarkozy apuesta por la prevención y quiere fomentar la aplicación de pactos multilaterales que permitan repatriar a los clandestinos con más eficacia y regularidad de cuanto sucede ahora.

La razón estriba en las evidencias estadísticas. De acuerdo con el Gobierno francés, únicamente regresa a su casa el 33% de los inmigrantes que han sido expulsados. Sobre todo porque la falta de una coordinación comunitaria permite a los ilegales moverse de país en país.

La presidencia francesa considera verosímil encontrar un acuerdo en el mes de octubre, fecha del Consejo Europeo y momento para el que el ministro de Inmigración galo, Brice Hortefeux, espera haber convencido a sus colegas.

Es verdad que el texto en que trabaja Sarkozy admite que la inmigración es necesaria, imprescindible, en el funcionamiento de las economías, aunque también indica que el espacio comunitario no está en condiciones de asimilar ni integrar a todos los extranjeros sin pasaporte de la Unión Europea. De ahí la necesidad de establecer filtros de selección. Francia defiende el sistema de cuotas en términos cuantitativos y cualitativos. Es decir que la concesión de permisos de trabajo se administra atendiendo la prioridad de algunos países – EEUU, en primer lugar – y admitiendo a otros en función de la necesidad de la mano de obra.

La iniciativa de Sarko también atañe a los aspectos técnicos y logísticos. Es el caso de la puesta en práctica de los visados biométricos. Más sofisticados contra el fraude y más propicios al intercambio de información policial entre los distintos países miembros de la UE.

Los 10 últimos en incorporarse, incluidos Polonia, Hungría y Rumanía, han sido noticia esta misma semana porque Francia ha levantado a sus súbditos todas las restricciones de circulación que existían hasta la fecha. Será a partir del 1 de julio cuando París los considere tan comunitarios como los países fundacionales de la UE. Tanto en el ámbito laboral como en el reconocimiento de los derechos y de las obligaciones. Ya lo había explicado Nicolas Sarkozy anteayer con ocasión de una visita a Varsovia: «Europa tiene necesidad de los polacos. Y Polonia ha demostrado una enorme madurez gracias a su desarrollo económico y social de los últimos años», jaleaba el jefe del Estado francés.

La apertura hacia el Este, por otro lado inevitable, en nada se parece a la actitud de firmeza que Sarkozy aplica a los países magrebíes, subsaharianos, incluso asiáticos, como el caso de Pakistán.

De momento, la ley vigente en Francia trata de ahuyentar a los inmigrantes complicándoles las condiciones de reagrupamiento familiar y amenazándolos con el cierre de las casas de acogida de emergencia. Eran los aspectos más polémicos de un texto al que la presión del ala izquierdista del Gobierno ha obligado a introducir matices de peso. Las pruebas de ADN, destinadas a verificar la filiación, sólo podrán hacerse por orden judicial y a título experimental, mientras que las casas de acogida conservan aún ciertas opciones de permanecer abiertas.

El esquema de Sarkozy, incompatible con la idea de una regularización masiva, se articula en tres cláusulas. Solvencia económica; dominio de la lengua francesa y plena comunión con el ideario republicano.