El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó en la jornada de ayer en el Congreso de los Diputados que se modificará la Ley de Extranjería para aumentar de forma «moderada» el periodo máximo de internamiento en los Centros de Extranjeros (CIE) para disponer del «tiempo necesario» para realizar los trámites necesarios de las repatriaciones.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones previstas por su departamento para los próximos cuatro años, Rubalcaba se refirió a la reforma de la ley de Extranjería, que ahora prevé un plazo máximo de internamiento en estos centros de 40 días, para realizar «procesos de repatriación que son muy complicados». Los países de la Unión Europea (UE) han acordado una nueva legislación con normas comunes mínimas para el retorno de inmigrantes ilegales, que fija un periodo máximo de retención de seis meses ampliables a dieciocho.

«El plazo de 40 días es muy limitado y a veces la propia tramitación de los documentos, por muy buena voluntad que pongan los países de origen", exige un periodo más amplio „que en ningún caso debe llegar a los seis meses que marca la directiva».

Rubalcaba defendió la necesidad de armonizar las normativas de los países europeos respecto al retorno porque ha recordado que las hay «muy garantistas, como la española, aunque hay otras absolutamente laxas», e incluso algunos estados que no han sentido la necesidad de regular este fenómeno. Agregó que «de acuerdo con el Ministerio de Trabajo e Inmigración» se procederá a cambiar la ley de Extranjería para disponer «del tiempo necesario para cumplimentar los trámites correspondientes a las repatriaciones de quienes intentan entrar ilegalmente» en el territorio.

El ministro ha anunciado actuaciones para reformar y aumentar la red de Centros de Internamiento «para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los inmigrantes irregulares mientras se desarrollan los procesos de repatriación».

También se ha referido a la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo para incorporar la legislación española al sistema europeo común de asilo, «contribuyendo a la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia» y a reforzar el compromiso de España «con la defensa y protección de los derechos humanos».

Por otro lado, ayer se dieron a conocer las cifras de recaudación en concepto de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y se indica que en 2007 se ingresaron más de 76 millones de euros, 2,7 de ellos en Canarias, por las multas impuestas a empresarios que contrataron a inmigrantes ilegales, según datos del Ministerio de Inmigración y Trabajo consultados.

Durante el año pasado, la Inspección de Trabajo realizó 60.931 actuaciones relacionadas con la contratación de mano de obra extranjera ilegal y levantó 11.637 actas de infracción.

“La política no se ha endurecido”.

España está a favor de la inmigración legal y luchará contra la que se realiza por cauces ilícitos, señaló ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la conferencia euromediterránea del Grupo 5+5. El ministro declaró a la prensa, en el marco de la VI Conferencia sobre Migraciones en el Mediterráneo Occidental, a la que asisten diez países de la zona, que España «está a favor de la inmigración, siempre que ésta siga los cauces legales».

En la reunión, que se celebró durante la jornadas de ayer y hoy, Corbacho advirtió que España «pondrá todos los medios para que esa inmigración ilegal sea cada vez más difícil». Agregó que «nuestro país apuesta por el combate a la inmigración ilegal», subrayó el ministro en relación a los debates de la reunión, en la que participan también Francia, Italia, Portugal y Malta, del lado europeo, y Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia y Túnez».

«No se trata matizó el ministro de una política de endurecimiento respecto a la anterior, pero sí es verdad que el actual contexto económico y social en el que nos encontramos, tanto en España como en Europa, es diferente al de hace dos años». El titular español de Inmigración recordó que la necesidad hace un par de años años era hacer contrataciones en número importante en origen para cubrir la demanda laboral, pero ahora se produce un aumento del desempleo en el sector de la construcción, que está afectando a la comunidad inmigrante.

Corbacho defendió que todo inmigrante que entre ilegalmente en España no puede aspirar a que su situación se regularice y recordó que «la ley no lo permite más allá de determinados supuestos».