Asociaciones de inmigrantes y agentes sociales canarios exigieron ayer el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad, ya recogidas en la Ley de Extranjería, así como recursos de acogida que favorezcan su integración.

Así se recoge en un escrito firmado por medio centenar de asociaciones de inmigrantes y agentes sociales de Canarias, que también han firmado un manifiesto en contra del proyecto de directiva europea que pretende aumentar a 18 meses el periodo de internamiento de los inmigrantes indocumentados procedentes de terceros países.

Representantes de estos colectivos dieron a conocer ambas iniciativas en una rueda de prensa en la que reclamaron la imposición de sanciones económicas en su lugar, como está previsto en la Ley de Extranjería, que, aunque no parecen tampoco muy razonables, es mejor que el internamiento, subrayó Blanca Ruiz.

Las organizaciones anunciaron la convocatoria en la capital grancanaria de dos concentraciones y una manifestación para exigir la retirada de esta directiva que califican de “la vergüenza” porque “estigmatiza” y transforma en “delincuentes” a los inmigrantes.

Según el manifiesto, esta decisión agravará el sufrimiento humano de personas que no han cometido delito alguno y equiparará de forma desproporcionada la sanción de una falta administrativa a la pena de privación de libertad, con lo que contribuirá a consolidar ante la opinión pública europa la idea de emigrar sin documentación con delincuencia.

Para estas organizaciones, no es “realista ni políticamente correcto, ni moralmente aceptable” una regulación y control de los flujos migratorios cuyo único componente sea el cierre de fronteras y una concepción muy restrictiva de los derechos de estas personas.

Exigen a los miembros del Parlamento Europeo y del Estado español que rechacen la directiva. Consideran que se debe impedir que Europa “caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e ‘indeseables’, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado”. Los representantes de estas asociaciones solicitan al Gobierno de España que legitime los derechos de los inmigrante y adecue la legislación de extranjería a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional.