ESTEBAN VILLAREJO
VALENCIA. Las comunidades autónomas valenciana y canaria son dos de las regiones que mayor aumento de población han experimentado en el último lustro gracias al «boom» de la inmigración, que en el caso insular adquiere además tintes dramáticos ante la llegada de los cayucos a sus costas (a las valencianas también han comenzado a llegar las primeras pateras).
Durante ese periodo, la Comunidad Valenciana ha visto cómo su población inmigrante ha pasado de 301.143 personas de 2002 a los actuales 723.102 de 2007 según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone un aumento del 143 por ciento. Por su parte, el incremento canario es del 75%, de 143.138 a 250.736. Todo ello sin contar con la población extranjera irregular que en la Comunidad elevaría dicha cifra hasta el millón de inmigrantes, según reclama el Gobierno valenciano.
Es por ello que el asunto de la inmigración junto al de la financiación (ambos estrechamente relacionados) fueron los grandes ejes sobre los que giró el encuentro que ayer mantuvieron en el Palau de la Generalitat el presidente valenciano, Francisco Camps, y su homólogo canario, Paulino Rivero.
Tras la reunión, la consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, cuyo departamento tiene competencias en materia de inmigración, avaló la propuesta del Gobierno valenciano de desarrollar el compromiso de integración al tiempo que anunció que su departamento estudiará dicha propuesta para poder llevarla a cabo en las Islas Canarias.
En declaraciones a ABC, Rojas calificó la iniciativa valenciana de «extraordinaria», al tiempo que resaltaba el valor de que las medidas de integración especificadas en el compromiso voluntario de integración puedan recogerse en una ley.
El proyecto valenciano que ha recibido el apoyo de más de 50 asociaciones aún se encuentra en fase de debate a la espera de que las distintas ONG introduzcan modificaciones. Otras asociaciones como el Foro Alternativo, la Taula d´Entitats o Sahel han mostrado su rechazo.
Traslado de «sin papeles»
La consejera canaria mantuvo con el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, un encuentro en el marco de la cumbre entre las dos comunidades. En esta reunión se interesó por el texto de la futura Ley de Integración del Extranjero que el Consell espera aprobar en los próximos meses. Pidió su remisión una vez aprobado. «Aunque todavía no lo hemos reflexionado en profundidad, no cabe duda que desde el Gobierno canario analizaremos la propuesta valenciana».
«Tenemos que buscar mecanismos para acelerar la integración de los inmigrantes que cada día vienen a este país. Necesitamos una integración mucho más completa y más rápida. Eso beneficiaría tanto a la población que se incorpora como a la residente», manifestó la consejera canaria, quien opina que el fenómeno de la inmigración requiere un nuevo modo de hacer política.
El traslado de inmigrantes «sin papeles» desde las Islas Canarias fue otro de los asuntos que ambos gobiernos trataron en el encuentro. El Gobierno canario destacó la solidaridad de comunidades como la valenciana que acogen inmigrantes «sin papeles» de los centros de internamiento canarios donde en algunos casos la situación es insostenible.
Más dinero
Tras su reunión, tanto Francisco Camps como Paulino Rivero reclamaron que el Gobierno atienda a esta necesidad con una mayor aportación económica para las comunidades que acogen población inmigrantes. «Hay una cosa que debe quedar clara: el Gobierno central no presta ningún servicio directo a las personas, el grado de descentralización es tal que son las comunidades las que deben ofrecer la educación, la sanidad, la vivienda…». En consecuencia, reclamaron un incremento de los fondos procedentes del Estado.