La inmigración crece y, por lo tanto, también en los sectores productivos. El 15% de las personas que trabajan en las diferentes empresas de la Safor son extranjeras. La mayoría de ellas están empleadas en la construcción, seguido de la hostelería, la agricultura y la industria.

La Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (Faes), ante esta situación, reclama agilidad en los trámites de regulación de los inmigrantes y que los contratos laborales sean legales para evitar las mafias.

Estas reivindicaciones se lanzaron ayer durante la jornada promovida por la patronal titulada La Inmigración: clave para el desarrollo económico, cultural y social de la comarca de la Safor, impulsada dentro del proyecto Obra Social Caixa Galicia que se denomina Impulso Empresarial.

El presidente de Faes, Enrique Orihuel, explicó que las empresas demandan a las administraciones flexibilizar y agilizar los procesos de contratación, tanto para personal no cualificado como cualificado. “Ambos colectivos son esenciales para nuestra economía y es necesario disponer de marcos de gestión que faciliten la identificación, contratación e integración de los mismos”.

Esto está estrechamente relacionado con el reconocimiento y homologación de la titulación de los emigrantes, “que debe permitir evitar las situaciones de infraempleo de personas que, por su capacitación y formación, podrían estar desarrollando tareas de mayor valor, para ellos y para nuestra economía”.

Orihuel subrayó ayer su compromiso con los inmigrantes en la comarca. “Queremos cooperar en la integración social de los extranjeros y al mismo tiempo buscamos el bien de nuestras empresas”. Los empresarios quieren que la inmigración no se vea como un problema sino como una oportunidad estratégica, “como un valor añadido para las empresas y para la sociedad en general”.


Ilegalidad en el trabajo

En este sentido, en el marco de la jornada, Orihuel señaló: “Las contrataciones ilegales perjudican tanto a los inmigrantes como a las empresas. Estas deben reforzar sus compromisos en la lucha contra dicha contratación ilegal”.

Los acuerdos laborales ilegales son un fraude tanto para el trabajador inmigrante que se ve privado de sus derechos, como para las empresas que actúan en el marco de la legalidad, y que ven mermada su capacidad competitiva frente a “auténticos desalmados sociales”, resaltaron desde Faes. “Es necesario seguir trabajando para crear una conciencia cívica empresarial de rechazo a este tipo de comportamientos”.

Según destacaron fuentes de la Federación, es muy útil para las empresas implicarse activamente e impulsar los modelos de contratación en origen. Esta, añadieron, es la mejor vía para garantizar flujos ordenados que amparen los derechos de los inmigrantes frente a situaciones desordenadas y/o irregulares promovidas y que, por lo general, benefician a las nuevas mafias.

En cuanto a cómo está afectando la crisis económica a los inmigrantes, el presidente de Faes señaló que está repercutiendo “de igual manera” en los ciudadanos extranjeros y en los trabajadores de aquí. “Hay menos crecimiento de empleo y un incremento en el número de parados, y afecta a todos por igual”.

El presidente de Faes realizó la apertura de la jornada junto con Patricia Mazeira, responsable de la Obra Social Caixa Galicia. Posteriormente, impartió una conferencia Rafael del Castillo, gerente de Hoteles Gandia, y también el director de Cáritas Interparroquial de Gandia, Javier Roche. A este le siguió el director del Grupo Activa, Miguel Ángel Roda.

La clausura corrió a cargo de la secretaria autonómica de Inmigración y Ciudadanía, Gotzone Mora, quien aseguró que en toda la polémica que ha suscitado la propuesta del Consell sobre las firmas de inmigrantes que vivan o trabajen en la Comunitat “ha habido mucha confusión además de muy mala intención por parte de ciertos colectivos y partidos”.

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