La multa más elevada es ahora de 60.000 euros; en 2007 se pagaron 76,5 millones por este concepto – Los que se acojan al ‘plan retorno’ tendrán que comprometerse a no volver de inmediato a España El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en su primera comparecencia ante la comisión parlamentaria que fiscalizará su acción de Gobierno, anunció ayer que el Ejecutivo «endurecerá las sanciones a empresarios y empleadores que contraten a trabajadores que no se hallen en situación legal en España».

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la sanción máxima prevista hasta la fecha por la contratación de inmigrantes sin papeles alcanzaba los 60.000 euros.

De hecho, según los últimos datos oficiales, referidos al ejercicio 2007, el número de trabajadores extranjeros afectados por infracciones en su contratación (y detectados por la inspección) ascendió a 11.657. El importe de las sanciones aplicadas alcanzó los 76,5 millones de euros. La cifra de actuaciones emprendidas por la inspección en 2007 rondó las 61.000.

Este anuncio, que no estaba en el programa electoral del PSOE, se basará en la intensificación de la actividad de la inspección y en el control de los contratos a inmigrantes.

Según fuentes socialistas, esta medida indica un cambio de tendencia respecto a las políticas aplicadas la pasada legislatura por Jesús Caldera. El cambio se puso de manifiesto también ayer, al proponer Corbacho que los trabajadores extranjeros que se queden en paro y se quieran acoger al plan de retorno voluntario a sus países de origen se comprometan a no volver a España inmediatamente, e incluso a renunciar al permiso de trabajo durante unos años.

El ministro explicó que el Gobierno está elaborando un documento para establecer cómo se regulará la acumulación de las prestaciones que los inmigrantes hayan generado en su actividad laboral. Este plan, que se hará con el acuerdo de los países que tengan convenios con la Seguridad Social, está previsto que se apruebe en julio.

En su primera comparecencia, el nuevo ministro de Trabajo no aportó demasiada información sobre los planes de su Departamento para el corto y el medio plazo; esto es, medidas inmediatas para afrontar la caída del empleo. Parece que Trabajo no contempla acciones inmediatas: entre otras cosas, porque Corbacho, pasados más de dos meses de la cita electoral, reconoció ayer ante la Comisión de Trabajo del Congreso que su Departamento ya se ha reunido con todos los agentes sociales y, en este momento, todavía «está identificando la agenda de trabajo».

Dentro del capítulo de las novedades, Corbacho anunció una inyección de recursos para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se incrementará en unos 4.700 millones de euros, pero no fue capaz de precisar cuándo entrará en vigor el llamado plan de choque contra el paro. Sí confirmó las líneas maestras del plan que su antecesor, Jesús Caldera, anunció en plena campaña electoral.

Según Corbacho, a día de hoy el plan de choque sigue contando con un presupuesto de 201 millones de euros y se centrará, fundamentalmente, en la contratación de 1.500 orientadores profesionales por parte del Inem, que diseñarán planes personalizados de inversión; las subvenciones a trabajadores desempleados durante el proceso de búsqueda de empleo, y las ayudas, que no concretó, a la promoción del empleo autónomo (capitalización del desempleo).

Más centros de salud y colegios donde haya más inmigrantes

MADRID. – Celestino Corbacho se comprometió ayer a «redoblar» los servicios educativos y sanitarios en las localidades donde haya aumentado la población por los inmigrantes. «Allí donde surjan nuevas necesidades sociales deberán ponerse los medios», aseguró.

Respondía así a algunos gobiernos autonómicos (fundamentalmente, los del PP) que le han pedido más financiación para la integración de los extranjeros y una revisión de los criterios de reparto.

La Comunidad Valenciana, por ejemplo, se ha quejado de que las ayudas estatales no se han incrementado a pesar de que en 10 años se ha triplicado el número de extranjeros. «Recibimos del Gobierno 31 euros por inmigrante al año, cuando la media estatal es de 42 euros», explican fuentes de la Consejería valenciana de Inmigración y Ciudadanía.

En su afán por llegar a un entendimiento con las administraciones regionales, Corbacho también prometió convocar, antes de que llegue el verano, la Conferencia Sectorial de Inmigración, máximo órgano de interlocución con los gobiernos autonómicos que, a pesar de que se constituyó en marzo del año pasado, todavía no se ha reunido.

Corbacho también confirmó oficialmente que cambiará la Ley de Extranjería (que ha sufrido ya cuatro reformas desde 2000) para adecuar el contenido de la norma a recientes sentencias de inconstitucionalidad y a varias directivas de la UE que requieren la preceptiva trasposición.

Por último, el ministro ofreció un Pacto de Estado en Inmigración, tarea que se presenta complicada teniendo en cuenta que, durante la pasada legislatura, el Congreso no logró ponerse de acuerdo en esta materia.