A día de hoy ya son 19 los supervivientes del naufragio que se produjo el 19 de julio de 2007 al sur de Tenerife que se mantienen en contacto en África, a la vista de que podría llegar el momento de testificar ante un juez sobre esta tragedia. En el cayuco viajaban 136 personas. 48 fueron rescatadas y 88 murieron.

Los 45 supervivientes del naufragio que se produjo a 90 millas al sur de Tenerife con el triste balance de 88 muertos intentan unirse a la vista de que podría llegar el momento de testificar ante un juez sobre esta tragedia.

A día de hoy ya son 19 los supervivientes de esa expedición que se han localizado entre sí en distintos países africanos. Este grupo ha nombrado a uno de ellos como representante para recibir y dar información al respecto. Es de los que mejor hablan el español.

El deseo de estos testigos es narrar ante la justicia la tragedia que vivieron en alta mar en la noche del 19 de julio de 2007, una de las fechas tristes que ha marcado la historia de la inmigración a bordo de cayucos. Ante dos embarcaciones de Salvamento Marítimo, que se acercaron hasta el lugar para rescatar a los 136 ocupantes del cayuco, se produjo un naufragio en el que murieron 88 personas.

Uno de los cadáveres fue trasladado en helicóptero hasta Tenerife. El laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil conserva su ADN. Meses más tarde fue enterrado porque nadie reclamó este cuerpo. No obstante, es importante conocer su identidad en el caso de que se celebre el juicio y se compruebe el parentesco con alguno de los testigos llamados a declarar.

Cabe recordar que, precisamente uno de los supervivientes, natural de Ghana, manifestó que en ese naufragio había perdido a cinco hermanos.

Otros de los testigos viven en la Península, tras haber sido trasladados desde Canarias por el Ministerio de Interior después de haber cumplido unas semanas de internamiento en centros de retención del Archipiélago.

Tal y como adelantó EL DÍA en su edición del pasado domingo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Fernando Andreu investigar la querella presentada contra Salvamento Marítimo por un delito de homicidio imprudente en el rescate de ese cayuco.

El magistrado rechazó en octubre admitir a trámite la demanda al considerar que la conducta de los capitanes y tripulaciones de los barcos de rescate no fue constitutiva de una infracción penal, ya que los navíos de Salvamento Marítimo “no crearon el riesgo” que desembocó en el fallecimiento de los ocupantes del cayuco, sino que “pretendían evitarlo”.

No obstante, la Sección Cuarta considera que “no debe proceder rechazar de plano la querella” dado que en el relato efectuado por el letrado que la presentó, el abogado de oficio tinerfeño Plácido Alonso, se denunciaba una “omisión voluntaria no maliciosa” con un presunta infracción del deber de cuidado que desembocó en la muerte de las 88 personas en la maniobra de salvamento al partirse el cayuco.

El abogado fundamentó su demanda en dos motivos: la imprudencia en que en su opinión incurrieron los dos barcos remolcadores que emprendieron el rescate de los 136 inmigrantes y la carencia en los navíos de dispositivos flotantes que hubieran reducido el número de víctimas.