Hace poco menos de un mes el profesor senegalés Ndoye El Hadj Amadou escribía en este periódico sobre los numerosos conflictos que están teniendo lugar en África como consecuencia del alarmante incremento del coste de la vida.

Amadou contaba la protesta de Cheikh Diouf, detenido por haber levantado en las puertas del Parlamento senegalés, cuando los diputados salían a almorzar, un saco de arroz vacío en el que había escrito: «El pueblo tiene hambre». También nos informaba de los disturbios habidos en Costa de Marfil, Níger, Burkina Faso, Camerún y Egipto, advertía que de seguir subiendo el precio de los alimentos miles de personas van a morir en el sur y nos recordaba la conversación mantenida entre un redactor del periódico francés Liberation y el suizo Jean Ziegler, autor de El imperio de la vergüenza y relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, en la que le preguntaba: «¿Son los motines del hambre un factor de inestabilidad planetaria?» «Sí, porque no son coyunturales sino estructurales», contestó.

Las alarmas están encendidas.

Esta semana, en la conferencia sobre inmigración irregular que se ha celebrado en Ouagadougou, los avisos han cobrado rango oficial. De no activarse mecanismos urgentes y eficaces que palien el hambre la inmigración puede desbocarse. Ante esta realidad Europa ha respondido con contundencia. Italia quiere convertir la inmigración irregular en delito, en Francia ya lo es, y España según el consejero de Ministerio de Asuntos Exteriores para África, Pedro Martínez, va a luchar contra el fenómeno de los sin papeles «con determinación y sin complejos».

La historia, sin embargo, se empeña en demostrar que no hay muro democrático que pare a los que huyen de la absoluta miseria.

La crisis está ahí y es seria.

En Canarias, ultraperiferia del primer mundo, la crisis también se ha instalado. La carestía de la cesta de la compra provoca ya sustanciales cambios en los hábitos de consumo, adiós a las exquisiteces, y cobran vida los primeros movimientos sociales que protestan con acciones públicas por el continuo encarecimiento de los productos de primera necesidad. Además, esta comunidad es, con diferencia porcentual, la primera destructora de empleo de todo el Estado, la cifra de 200.000 desempleados se atisba como cercana, según el propio presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, y las ayudas prometidas en campaña para ayudar sobrellevar el alza de las hipotecas se descartan porque desde el Ejecutivo se comprueba ahora, después de las elecciones, que los números no cuadran.

La Canarias que durante tantos años ha sido tierra de promisión se enfrenta ahora a un futuro incierto.
Crisis global.

¿Dónde, aquello de en tiempos de bonanza haz provisión para cuando vengan los de sequía?

Si la política ha de ser, además de la gestión diaria de los asuntos públicos, un instrumento de transformación y modernización, a la vista de como andan las cosas, habrá que convenir que aquí no se ha hecho buena política.

vicente.llorca@canarias7.es