El Gobierno espera que la Unión Europea plante cara a Silvio Berlusconi en su política de inmigración. El Ejecutivo admite que las medidas represivas impulsadas por primer ministro italiano pueden redundar en un inquietante aumento de los flujos migratorios hacia España. Pero la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, descartó ayer emprender acciones “unilaterales” para hacerles frente. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, alegó que ése es el modo de trabajar con “absoluta lealtad” en esta materia: la adopción de medidas comunes en el seno de la Comisión Europea y de los consejos de Interior y Justicia.

La número dos del Gobierno se mostró esta vez cauta al opinar sobre la iniciativa del gabinete italiano que, a grandes rasgos, hará que se trate como delincuentes a los inmigrantes indocumentados. No le gustan ni el fondo ni las formas empleadas, pero después de la escaramuza que provocó la semana pasada su crítica a la ofensiva contra la inmigración irregular lanzada por Berlusconi, prefirió andarse con pies de plomo. “Es evidente que en el tratamiento de la inmigración hay a veces sensibilidades diferentes”, dijo.