El Gobierno español espera que la Unión Europea plante cara a Silvio Berlusconi en su política de inmigración. El Ejecutivo admite que las medidas represivas impulsadas por Il Cavaliere pueden redundar en un inquietante aumento de los flujos migratorios hacia España. Pero la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, descartó ayer emprender acciones unilaterales para hacerles frente. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros alegó que ese es el modo de trabajar con «absoluta lealtad» en esta materia: la adopción de medidas comunes en el seno de la Comisión Europea y de los consejos de Interior y Justicia.

Esta vez se mostró más cauta al opinar sobre la iniciativa del Gabinete italiano que, a grandes rasgos, hará que se trate como delincuentes a los inmigrantes indocumentados. No le gustan ni el fondo ni las formas empleadas, pero después de la escaramuza que provocó la semana pasada su crítica a la ofensiva contra la inmigración irregular lanzada por Berlusconi, prefirió andarse con pies de plomo. «Es evidente que en el tratamiento de la inmigración hay a veces sensibilidades diferentes entre los distintos socios europeos», dijo.

Con todo, en sus respuestas dejó caer un reproche a los italianos por actuar por libre. «España – subrayó – apuesta por una política común basada en la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas». El argumento obvia que también recibió quejas de sus países vecinos en la legislatura pasada cuando puso en marcha el proceso de regularización masiva por el que se dieron papeles a unos 600.000 inmigrantes; una decisión que, protestaron, ejerció un «efecto llamada».

Fuentes gubernamentales se muestran convencidas, en todo caso, de que la UE «no tardará mucho» en lanzar un mensaje de reprobación a Berlusconi, aunque no aclaran si España está dispuesta a promover ese «tirón de orejas».

El comisario europeo para asuntos económicos, Joaquín Almunia, consideró ayer que tipificar como delito la inmigración ilegal es «criminalizar» a este colectivo, y advirtió de que si las medidas aprobadas por Italia se «solapan» con las de la UE. La Comisión Europea deberá pronunciarse.