C. MORCILLO

MADRID. «Rancias, excluyentes, discriminatorias e incompatibles con los valores constitucionales». Estos fueron algunos de los calificativos que dedicó el presidente del Gobierno a las propuestas populares reflejadas en el llamado contrato de integración durante la campaña electoral. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sacó a relucir el «tufo a xenofobia». El nuevo titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, consideró que al compromiso de integración valenciano le faltaba «rigor» pero justificó el rechazo en una eventual invasión de competencias.

Ahora, el PP quiere que el Gobierno se retrate con respecto al contrato para inmigrantes. Para ello el viernes presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que será calificada esta semana por la Mesa y probablemente se debatirá en junio, según fuentes populares.

«Se nos acusó de racistas»

«Se nos acusó de racistas, pero ahora el Gobierno ha anunciado que reformará la Ley de Extranjería y ampliará el periodo de internamiento en los centros, no se sabe cuánto», señalan fuentes del grupo parlamentario del PP. «Pretendemos que el Ejecutivo se pronuncie con claridad y queremos que la integración de los inmigrantes sea un hecho y no una declaración de intenciones».

La proposición, que se debatirá en la Cámara, contiene sólo algunas de las ideas lanzadas durante la campaña. En la exposición de motivos se explica que el fin es que los inmigrantes con una voluntad de permanencia, es decir, con más de un año de residencia legal en nuestro país, se comprometan a asumir las leyes, costumbres, principios y valores constitucionales. El contrato, tal y como se avanzó en la campaña, afectaría a todos los extranjeros, excepto los comunitarios. Uno de los ejes es el fomento del conocimiento del castellano. Quienes suscriben este «convenio» se comprometen a iniciarse en el aprendizaje del castellano y, si quieren, una lengua autonómica, a pagar impuestos, a trabajar para integrarse y a volver a su país si carecen de empleo y no tienen medios para sostenerse.

Como contrapartida, el PP acuerda que se les concedan los mismos derechos y prestaciones que a un español, que se les ayude en su integración y garantiza que se respetarán sus creencias y costumbres particulares, siempre que no sean contrarias a las españolas. La enseñanza del castellano o de otras lenguas cooficiales se supone que también corren por cuenta del Estado. El PP busca la implicación de las comunidades, que serían las encargadas de disponer los centros y los medios para impartir la enseñanza.

La proposición se debatirá después de que medio centenar de asociaciones de inmigrantes de la Comunidad Valenciana hayan avalado la iniciativa de esta región de poner en marcha un compromiso, eso sí voluntario, de integración. «Tenemos todo el interés, explican desde el grupo parlamentario popular, en que quienes viven entre nosotros establezcan vínculos más estables. La posición del PP está clara. Ahora le toca decidir al PSOE si quieren integración o el fin es otro».