La decisión que el Gobierno italiano tomó el pasado miércoles de convertir en delito ser inmigrante sin papeles es un desafío al tradicional respeto de los estados europeos occidentales por el derecho de gentes. Y aún lo es más si se compara con el proceso puesto en marcha solo 24 horas después por la Unión Europea (UE) para que sus 27 socios limiten a un máximo de 18 meses el periodo de detención de un inmigrante antes de ser expulsado y, lo que es aún más importante, para que todas las decisiones relacionadas con el estatus de estas personas estén motivadas.
Frente al rigor legislativo de la UE, la derecha italiana exhibe su rostro más torvo, da la iniciativa al programa xenófobo de la Liga Norte, aliada de Berlusconi, e insiste en “el derecho a no tener miedo” que asiste a los ciudadanos, una añagaza cuyo propósito es atribuir la inseguridad en las grandes ciudades a los inmigrantes indocumentados. Esto es, culpar a los 600.000 sin papeles que cobija Italia – – en la UE son 12 millones – – de una situación de la que, salvo un error de apreciación mayúsculo, son mucho más responsables las mafias en sus diferentes versiones regionales y la corrupción y la ineficacia policiales que colectivos bastante menos organizados, como la comunidad gitana, contra la que se ha removido la Camorra para arrasar sus modestos asentamientos.
Lleva razón el Gobierno español cuando teme que los aspavientos de Berlusconi pueden agravar el problema de los flujos migratorios en otros países mediterráneos. Quizá la vicepresidenta Fernández de la Vega no estuviese hace unos días todo lo políticamente correcta que se espera de ella, pero no hay duda de que la vía elegida por Il Cavaliere pone en evidencia que tiende a cero su compromiso con los derechos humanos y los fundamentos del derecho internacional. En todo caso, frente al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, ha dado alas al derecho penal de la desigualdad, expresión acuñada por algunos académicos para significar que se pone en pie una norma jurídica pensada en exclusiva para castigar a un colectivo específico, el de los sin papeles, convertidos sin más en delincuentes. La retorsión del derecho de gentes es evidente, y las consecuencias que llevará aparejadas son imprevisibles porque segmentos enteros de la economía italiana dependen de los salarios bajos y la docilidad de unos inmigrantes resignados a aceptar las reglas de un mercado de trabajo cada día más opaco.