Categoría de delito: La entrada ilegal se considera delito, como en Alemania, Francia o Gran Bretaña, con penas de seis meses a cuatro años, pero no es retroactiva.

Expulsión: Si un extranjero es condenado a penas superiores a dos años será expulsado, frente a los diez años vigentes hasta ahora.

Agravante: Si un inmigrante ilegal es condenado por un delito, se añade a la pena un tercio del total. Esta norma corre riesgo de ser inconstitucional.

Reclusión temporal: Se aumenta la permanencia máxima de dos meses a dieciocho, nuevo límite fijado por la UE.

Castigo al alquiler: Alquilar un piso a un inmigrante clandestino puede ser castigado con penas de seis meses a tres años de cárcel y multas de 10.000 a 150.000 euros.

Reunificación familiar: Como ya ha hecho Francia, se introduce el examen del ADN para verificar que los parientes que llegan a vivir con un extranjero son de su familia.

Ciudadanía más dura: El cónyuge extranjero de un italiano necesitará residir dos años en el país, y no seis meses como hasta ahora, para adquirir la nacionalidad italiana.

Ciudadanos de la UE: Los comunitarios que quieran vivir en Italia deben demostrar ingresos suficientes y un seguro médico.

Limosna infantil: Se castiga con la cárcel el uso de niños en la mendicidad.

Envío de dinero: Las agencias de ‘money transfer’ deben identificar a sus clientes.

A los gobiernos y a la prensa de Francia, Gran Bretaña o Alemania no les ha interesado gran cosa el reciente debate sobre la inmigración ilegal de Italia. Por alguna razón a España sí, pero con una óptica que lo ha distorsionado. Quizá por el vicio de interpretar acontecimientos internacionales en clave nacional, como ocurrió de forma cómica con Kosovo. En Italia son los primeros en exagerar las cosas, es su carácter, pero al mismo tiempo no se las creen. Desde fuera es arriesgado tomarles en serio. El paquete de medidas aprobado el miércoles contra la inmigración ilegal desde luego es un giro de tuerca, pero no es tan inaudito y está por ver su efectividad, pues en Italia una cosa es hacer leyes y otra aplicarlas.

El mejor ejemplo es la norma que hace de la inmigración ilegal un delito. Ha causado cierto escándalo, pero ya lo es en Gran Bretaña, Alemania y Francia, y nadie ha dicho nada. Además no es retroactiva, según aclaró el viernes el ministro de Interior, Roberto Maroni, empezando a limarla. No castiga a los 700.000 inmigrantes ilegales de Italia, sino a los que entren a partir de ahora. Eso salva, por ejemplo, a los 400.000 que cuidan ancianos y limpian casas, indispensables para un millón de familias italianas que ya estaban en pie de guerra. Encima aún debe discutirse en el Parlamento y habrá que ver en qué se queda, pues causa divisiones en la propia coalición de Gobierno y plantea problemas prácticos. Los jueces ya han advertido que judicializar las expulsiones supone retrasarlas, pues la Justicia italiana es la más lenta de Europa, y llenar aún más las cárceles, las más saturadas.

Las ONG italianas también han reaccionado con rechazo, así como ACNUR, el órgano de la ONU para los refugiados. «¿Cómo se puede pensar que esto tenga algún efecto en gente desesperada que huye del hambre y la guerra? Nada les hará cambiar de idea. Italia debe mostrar amplitud de miras y combatir la pobreza, aumentar al menos la ayuda al desarrollo al nivel europeo», ha dicho el presidente de las ONG, Sergio Marelli.

Castigo al alquiler

Las dos medidas que más atención han suscitado, paradójicamente, no afectan a los inmigrantes ilegales. Una es la posibilidad de que los alcaldes expulsen a ciudadanos de la UE sin una renta mínima y un seguro médico, una norma pensada más que nada para los rumanos. La otra perjudica a los propios italianos, pues castiga hasta con la confiscación del piso a quien alquile viviendas a extranjeros sin papeles. Naturalmente, es la norma que menos ha gustado y, por otra parte, no se descarta que su único efecto sea aumentar el precio de estos alquileres. Un sondeo de ‘Repubblica’, principal diario progresista y de oposición a Berlusconi, nada sospechoso de hacerle el caldo, refleja un amplio consenso con las nuevas medidas. Más del 70% en las más duras, pero la que castiga el alquiler recibía el apoyo más bajo, el 58%, y aún así es elevado.

Muestra de este consenso general es el silencio de la oposición de izquierda estos días. Porque sabe que es un tema muy sentido a nivel popular y porque ellos mismos han adoptado medidas similares. Eran reveladores los carteles que aparecieron en Nápoles tras los incidentes contra los gitanos de Ponticelli. La derecha decía «Fuera quien no respete las reglas». La izquierda iba más lejos: «Fuera los campos de gitanos de Ponticelli».

El Gobierno de centroizquierda de Romano Prodi ya improvisó un decreto de expulsión de ciudadanos comunitarios peligrosos hace seis meses. Fue a raíz del asesinato de una mujer por un rumano en Roma. Prodi reaccionó temeroso de parecer tibio y espoleado por Walter Veltroni, entonces alcalde de la capital, pero que ya se preparaba las elecciones. Hubo desalojos de gitanos y la prensa anunció miles de expulsiones en masa, aunque al final se quedaron en unas cuantas decenas al mes. En Roma, a día de hoy, han sido 415, frente a los 10.000 calés que siguen acampados en sus afueras. En España, sólo diarios de derecha se alarmaron y hablaron con exageración de un ‘efecto llamada’ de rumanos. El Gobierno de Zapatero no dijo nada, pero ahora, con Berlusconi, ha empleado la misma expresión, además de indignarse por la xenofobia.

Los italianos no son racistas, o al menos no más que los españoles. En cuanto al episodio de los gitanos, sucedió en Nápoles, ciudad sin ley para ese y cualquier otro problema, y nació del estallido de un conflicto vecinal latente, como ocurre a veces en España. La presencia de la Camorra hace que parezca más brutal. Diarios españoles de izquierda han presentado poco menos que el regreso del fascismo. Berlusconi es perfecto para demonizarle, pero en realidad Italia expulsó en 2006 a 45.449 inmigrantes ilegales, y España, 83.976. De 2004 a 2007, el Gobierno socialista repatrió 370.072, un 43% más que José María Aznar en la anterior legislatura, según le recuerda ahora la prensa italiana.

Rumanos estigmatizados

En realidad, Italia paga su habitual falta de previsión y de políticas sociales. El informe del instituto Censis de 2007 ya detectaba «las primeras grietas en la integración de extranjeros», principalmente en la «estigmatización de los rumanos». La razón era clara: el número de ciudadanos del país de los Cárpatos de 2002 a 2006 creció un 260%, y de forma paralela ocuparon el primer puesto entre los extranjeros detenidos por robos y delitos violentos. La proliferación descontrolada de campamentos gitanos en las ciudades ha hecho el resto.

De aquí nace el argumento de la derecha de vincular automáticamente la inmigración ilegal a la delincuencia y, en general, a los males del país como chivo expiatorio. Como si la desastrosa situación de Italia no fuera culpa de los propios italianos. Todo esto no quiere decir que las medidas de Berlusconi no sean en parte una reacción patosa, simple recurso a la porra, y aún hay que ver qué pasará con los gitanos. Tampoco significa que no tenga un ramalazo de derecha dura, pero aún debe demostrarlo con hechos, lo más difícil en Italia incluso para un presunto fascista.