La UE refuerza sus barreras frente a los ‘ilegales’, más para frenar el ‘efecto llamada’ de los menos cualificados que para llevar a cabo expulsiones masivas Judith pasa a diario por la plaza Schuman, donde se enfrentan la Comisión Europea y el Consejo de la UE, que ella suele llamar «La Comunidad». Hace tres años huyó de las deudas y el crimen de las calles de La Paz y entró como turista por España, en teoría para visitar unas semanas a su hermana y en realidad, para quedarse a trabajar en Bélgica como asistenta, cocinera y cuidadora, y traer por el mismo camino a sus hijos.

Sigue sin papeles, pero va a menudo al médico gracias al seguro público, ha montado un negocio gastronómico y estudia neerlandés, convencida de que así, por haberlo preferido al francés, ganará el favor de los flamencos en el poder. De vez en cuando, pregunta si avanza la regularización general de inmigrantes en «La Comunidad», como se rumorea desde que llegó.

Pero en uno de esos edificios donde trabajan los funcionarios para quienes plancha se acaba de cerrar una legislación común para que Judith pueda ser retenida hasta 18 meses en una cárcel cerca de una pista del aeropuerto y que, si la expulsan de vuelta a Bolivia, puede tener vetada la entrada en la UE durante cinco años. «No puedo volver y no creo que pase», repite ella.

Como Judith, una decena de millones de inmigrantes latinoamericanos, marroquíes, rusos o ucranianos viven, trabajan, consumen y van al médico en la UE sin permiso de residencia ni empleo reconocido. «Su único destino», según Diego López Garrido, secretario de Estado para la UE, es el retorno a su país desde una Unión cada vez más estricta con la inmigración irregular.

Además de la directiva de repatriación aprobada el jueves y que entrará en vigor en 2010, si el Parlamento Europeo da su visto bueno en junio, los Veintisiete aún deben votar otra propuesta legislativa de castigos criminales a los empleadores de ilegales.

La UE necesita trabajadores para pagar las pensiones de los 25 millones de europeos que se van a jubilar en las próximas dos décadas y mantener la economía que no lograrán sostener los europeos con sus bajas tasas de natalidad, pero busca inmigrantes que coticen a la Seguridad Social y sean más competitivos.

Los cerebros asiáticos se van a EEUU y Canadá, mientras a Europa sólo llegan los inmigrantes más desesperados y peor preparados – se estima que el 87% de los que entran en la UE apenas tienen formación profesional o académica – , por lo que la Comisión propone una «tarjeta azul» de permisos fáciles para estudiantes, investigadores o médicos.

«Fortaleza Europa» se acuñó en referencia al proteccionismo comercial del Mercado Común, pero su nueva acepción sobre las barreras a la entrada de personas no es ajena a la economía. Cuando Judith llegó a Bélgica, la UE vivía un periodo de relativa bonanza y los Estados miembros aún acostumbraban a legalizar a los empleados de terceros países con frecuencia – no sólo España, también Italia, Francia o Alemania – , pero ahora los Veintisiete sufren ralentización en la creación del empleo y son más cuidadosos en sus puertas: en España, en el primer trimestre de este año, las empresas ofrecieron menos de un 1% de vacantes. Los sectores más afectados, como la construcción, suelen ser los nichos para inmigrantes, también los comunitarios del Este, a quienes el Oeste no ha recibido de brazos abiertos. Sobre los últimos en llegar, Rumanía y Bulgaria, pesarán restricciones de acceso al mercado laboral de la mayoría de viejos miembros de la UE hasta 2011.

«Buscamos un efecto contrario a la llamada», explica un experto comunitario de Interior sobre las nuevas normas armonizadas para desanimar las llegadas ilegales. Aún así, las expulsiones masivas de los que ya están dentro son poco probables.

En Bruselas, donde el nombre favorito para los niños recién nacidos ya es Mohamed y el islam será la religión más practicada en la próxima década, más de 200 inmigrantes están encerrados desde hace semanas en varias iglesias para pedir papeles (en 2006 ocuparon 32). La protesta es especialmente agria después de que un camerunés se suicidara en un centro de detención en Flandes.

Y ahora, el Gobierno belga planea una regularización selectiva. La ministra de Inmigración, Annemie Turtelboom, propone una legalización «por puntos» en caso de solicitud «por motivos humanitarios»: el inmigrante que lleve más de dos años en Bélgica obtendrá 20 puntos; quien demuestre un «anclaje» con el país, otros 20; quien tenga un trabajo declarado, 40; hijos, 10; con 70 puntos, logrará el derecho a tramitar los papeles.

Las complicaciones sobre cómo gestionar a los ilegales han aumentado, además, tras la ampliación de Schengen. Con la supresión de aduanas en ocho países nuevos, las nuevas fronteras de la UE se han desplazado hasta Polonia o Eslovenia, seductoras vías de acceso para rusos y centroasiáticos. En Polonia, receptora de millones de inmigrantes de paso después del colapso de la URSS, viven hasta 40.000 vietnamitas, 20.000 armenios y medio millón de ucranianos en situación irregular, según las estimaciones.

En diciembre, cuando Schengen se amplió a 24, Ilkka Laitinen, director de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, definió el nuevo confín de 5.000 kilómetros desde Rusia hasta los Balcanes como «un riesgo permanente». Pero recordó que «concentrarse más en la libertad de movimiento de las personas que en los aspectos de seguridad» siempre ha sido una «elección deliberada de la UE».