En el segundo país del mundo que más inmigrantes recibe, después de EEUU, se ha pasado del papeles para todos al «aquí que vengan con contrato» proclamado por el socialista Celestino Corbacho, un ministro de Trabajo e Inmigración políticamente incorrecto y cercano a las tesis del PP.

Con 4,5 millones de extranjeros (se calcula que, de ellos, entre 300.000 y un millón son irregulares) y una crisis económica en ciernes (ya hay 246.066 no españoles en paro), el Gobierno ha iniciado una estrategia que le ha valido las críticas de las ONG y hasta del Parlamento Europeo, que ha catalogado como «cárceles» sus centros de internamiento.

España presume de tener una de las políticas más garantistas de la UE (asistencia jurídica gratuita; tiempo máximo de retención de 40 días que, como mucho, se ampliará a 60; menores atendidos en centros abiertos; detenciones que sólo puede autorizar el juez; penas de cárcel para los delincuentes que, si son inferiores a seis años, pueden ser sustituidas por la expulsión…), pero lo cierto es que Italia lo considera «un ejemplo» a seguir.

El Gobierno critica las medidas de Berlusconi y respalda la directiva europea. En realidad, está preocupado por el efecto llamada que pueda derivarse de la ley italiana y teme que miles de sin papeles huyan de aquel país y se refugien en éste, donde la inmigración ilegal es sólo una infracción administrativa.

En el destino favorito de las travesías clandestinas (en 2007 llegaron 18.057 cayucos y 921 personas murieron por el camino) se centran ahora en repatriar, en incentivar el regreso voluntario y en vigilar las fronteras.