El Gobierno Berlusconi cumple su promesa de aplicar mano dura para atajar el problema de los ‘sin papeles’ «En Italia habrá en breve 600.000 prófugos», advierte el magistrado Antonio di Pietro, líder del partido La Italia de los Valores. Se trata de los 600.000 inmigrantes ilegales que se calcula viven en el país trasalpino y a los que el paquete de medidas aprobado el pasado miércoles por el Gobierno de Silvio Berlusconi convierte automáticamente en delincuentes por el mero hecho de no tener papeles.

Tal y como prometió durante la campaña electoral, Il Cavaliere ha hecho realidad su política de mano dura contra la inmigración clandestina y los gitanos nada más llegar al poder. En la primera reunión de su consejo de ministros, celebrada el pasado miércoles en Nápoles, se aprobaron un decreto, un proyecto de ley y tres decretos legislativos que endurecen de manera drástica la política inmigratoria de Italia.

La medida más polémica es la que convierte a los inmigrantes clandestinos en delincuentes, castigándoles a penas de prisión de entre seis meses y cuatro años de cárcel únicamente por no tener los papeles en regla. Se trata de un sueño que la Liga Norte, el partido de tintes xenófobos que lidera Umberto Bossi, siempre había acariciado. De hecho ya figuraba en una ley promulgada por el anterior Ejecutivo de Berlusconi y que fue declarada inconstitucional.

El proyecto de ley actual aún tiene que superar el trámite parlamentario para hacerse realidad. Sin embargo, y a pesar de las críticas del Vaticano, de la oposición y de varios organismos internacionales a que Italia criminalice a los inmigrantes ilegales, la aplastante mayoría del centroderecha no parece que vaya a tener problemas para sacarlo adelante.

Y respecto a las críticas, el ministro del Interior, Roberto Maroni, se defiende asegurando que Alemania, Francia y Gran Bretaña tienen ya en vigor legislaciones de ese tipo.

Pero, además, Italia ha decido convertir el hecho de ser inmigrante clandestino en un agravante, de manera que a los sin papeles que cometan un delito le sea aumentada la pena en un tercio. También, y eso con carácter inmediato, se confiscarán aquellas viviendas que se descubra que están siendo alquiladas a inmigrantes irregulares. Asimismo, se realizarán pruebas de ADN a los solicitantes de reagrupamiento familiar para verificar si realmente son parientes directos del inmigrante que ya se encuentra en Italia. Y en vez de los seis meses de rigor que hasta ahora debía esperar un inmigrante para poder pedir el reagrupamiento con sus familiares, ahora tendrá que aguardar dos años antes de poder hacerlo. Por su parte, y en una medida adoptada para evitar los llamados matrimonios de conveniencia, si un inmigrante se casa con un italiano sólo obtendrá la nacionalidad italiana tras dos años de matrimonio, nunca antes.

Y aún hay más. Los inmigrantes que lleguen a Italia sin papeles y sean descubiertos serán conducidos a centros de identificación, en los que podrán permanecer hasta 18 meses. Las mercancías falsificadas que los inmigrantes sin regularizar venden por las calles podrán ser destruidas inmediatamente, sin esperar a que se celebre el juicio.

Pero ninguna de esas medidas afecta en realidad a los gitanos, que en Italia son percibidos como los culpables del aumento de la criminalidad y que al ser europeos en su mayoría, tienen libertad para moverse tranquilamente por el país. Pensando específicamente en ellos, el Ejecutivo italiano ha decidido exigir a los ciudadanos comunitarios que demuestren tener ingresos mínimos que les permitan mantenerse sin suponer una carga para la seguridad social del país.