El presidente Nicolas Sarkozy quiere seleccionar a los inmigrantes a modo de un casting. Acogerlos con fines estrictamente laborales mediante cuotas y hacerlos comulgar con los valores republicanos.

De hecho, el ministro para la Inmigración y la Identidad, Brice Hortefeux, ha redactado una polémica ley que restringe las condiciones de reagrupamiento familiar, establece las pruebas de ADN para verificar la filiación y hostiga la inmigración ilegal con el cierre de las casas de acogida de emergencia. Eran los aspectos más polémicos de un texto al que la presión del ala izquierdista del Gobierno ha obligado a introducir matices de peso. Las pruebas de ADN, por ejemplo, sólo podrán hacerse por orden judicial y a título experimental, mientras que las casas de acogida conservan aún ciertas opciones de permanecer abiertas.

El esquema de Sarkozy, incompatible con la idea de una regularización masiva, se articula entres cláusulas. Primera: el inmigrante que pretenda reunir a sus parientes directos – hijos y cónyuge – deberá acreditar una renta mensual mínima de unos 1.200 euros. Segunda: los familiares convocados en Francia están obligados a superar en sus países de origen un examen de lengua francesa y un cursillo que demuestre su comunión con los ideales de la patria tricolor. Tercera: un juez competente podrá dictaminar la confiscación de las ayudas públicas en caso de demostrarse que los padres no favorezcan la «buena integración de sus hijos recién llegados a Francia», según escribe Hortefeux.