La inmigración ha sido uno de los caballos de batalla del nuevo laborismo. Tony Blair desarrolló en líneas generales una política abierta. Gordon Brown llegó al poder con un mensaje bien diferente. Su lema «trabajos británicos para trabajadores británicos» fue tachado de xenófobo e ilegal aunque al principio caló entre un electorado preocupado por los problemas de integración tras los atentados del 7 – J y por los problemas económicos de una situación incierta. El año pasado, se supo que más de la mitad de los empleos creados en la última década habían sido para inmigrantes.

Consciente de estos datos, el Gobierno británico ha endurecido en los últimos meses su mensaje sobre la inmigración. Lo ha hecho desde luego en el caso de los trabajadores extracomunitarios, que deberán someterse a un duro proceso para conseguir un permiso de trabajo. Un procedimiento que incluye demostrar conocimientos de inglés y cultura británica. También formación para hacer un trabajo concreto porque el Reino Unido no aceptará a ningún inmigrante extracomunitario que no la tenga.

En el caso de los inmigrantes europeos, hay escalones distintos. Los ciudadanos de los países de la ampliación de 2004 (Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y las repúblicas bálticas) necesitan apuntarse en un registro para poder ejercer un empleo en el Reino Unido. Más complicado lo tienen búlgaros y rumanos, que deben pasar un duro proceso para lograr un permiso de trabajo.