EFE

Europa avisa a sus vecinos. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la reunión de la Conferencia de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental (CIMO), en la capital de Mauritania, en la que ayer europeos y magrebíes trataron, entre otros asuntos, la inmigración ilegal.

ENRIQUE SERBETO CORRESPONSAL

BRUSELAS. Se calcula que en Europa se encuentran en estos momentos unos 12 millones de emigrantes en situación irregular, cuyo destino debería ser la expulsión a sus países de origen. Los gobiernos de los Veintisiete aprobaron ayer la controvertida «Directiva de retorno» que establece mecanismos comunes para la detención, internamiento y deportación de estas personas. Han pasado seis años y medio desde que la Comisión lanzó la idea y aún falta que sea aprobada por el Parlamento Europeo, donde las discusiones amenazan con ser muy escabrosas. Pero el principal acuerdo – el de los gobiernos – se logró ayer en la reunión de los representantes permanentes.

La parte más controvertida de la directiva es el tiempo de detención que establece para que se pueda formalizar el procedimiento de expulsión de una persona sin documentación para residir en Europa. La norma propone un máximo de seis meses, pero ampliable por un año más, un total de 18 meses, en caso de que se necesite más tiempo para establecer su origen o identidad, o si las autoridades de sus países de origen no colaboran en el proceso. Las personas expulsadas no podrán volver a Europa legalmente en cinco años.

El problema de esta directiva es que choca con la mayor parte de las salvaguardias del respeto a los derechos humanos que han sido la bandera de la UE durante medio siglo. Para salvar este escollo, los legisladores han querido dar preferencia a un compromiso con los afectados para que acepten volver voluntariamente antes de treinta días y les garantiza la posibilidad de pedir una revisión judicial de las razones de su expulsión. Este ha sido el último escollo en la negociación, puesto que no todos estaban dispuestos a aceptar el principio de garantizar la asistencia gratuita de un abogado como pedía la Comisión. El compromiso establece que esta asistencia será proporcionada, según las leyes que rijan en cada país.

Protestas en el horizonte

La cifra de 12 millones de posibles afectados por esta norma refleja claramente las dificultades que representa aplicar esta nueva legislación, pero si no se hubiera llegado a un acuerdo ahora, «la UE no habría podido tener una norma común al menos en cinco o diez años», en opinión del ponente del texto, el popular alemán Manfred Weber. El problema es que la UE todavía no tiene normas comunes para la emigración legal, aunque está en marcha la discusión de la famosa «tarjeta azul» para otorgar permisos de residencia a trabajadores cualificados en origen.La socialista francesa Martine Roure, que ha fiscalizado el proceso de negociaciones, considera que los plazos acordados son demasiado largos y que en su conjunto «la propuesta es represiva y no respeta los derechos humanos».

Las organizaciones no gubernamentales, por su parte, se preparan para una campaña de protesta, porque consideran que la ley convierte a los emigrantes sin papeles en delincuentes. Su campaña de firmas en contra de esta directiva lleva recogidas más de 35.000 adhesiones en internet.

Dersde el punto de vista institucional, la tramitación de esta directiva está siendo un test para evaluar los mecanismos de decisión que se pondrán en marcha en el Tratado de Lisboa. No ha sido posible un acuerdo por mayoría cualificada, sino que se ha tenido que llegar a la unanimidad, pero esta es la primera decisión de gran calado en el área de justicia e Interior que se toma en codecisión con el Parlamento. Si es aprobada ahora por mayoría simple en el Parlamento, podría abrir el paso a un nuevo modelo de aplicación de decisiones comunes en este campo tan delicado.

España, que era uno de los países donde el tiempo máximo de detención era más breve, se había opuesto a esta medida, hasta que el Gobierno socialista ha cambiado la orientación de su política en lo que respecta a la emigración.

A la espera de lo que diga el Parlamento, que en el peor de los casos no se espera que bloquee la directiva, puesto que hasta para los más críticos resulta mejor esta norma que ninguna, los países deberán ahora prepararse para cumplirla, tanto desde el punto de vista legal, como en la construcción de infraestructuras correspondientes.