TEXTO: RAMÓN PEREZ – MAURA Y

JUAN VICENTE BOO

FOTO: VICTOR SOKOLOWICZ

ROMA. Franco Frattini cree que la mejor manera de superar el malentendido es explicar el calado de la legislación aprobada el pasado miércoles.

- ¿La nueva política en materia de inmigración de su Gobierno es consecuencia de que se han detectado fallos en el funcionamiento del espacio Schengen?

- En modo alguno, está funcionando bien y por esa razón nosotros no hemos actuado en contra de la normativa europea sino que, muy al contrario, hemos hecho una legislación que se adapta perfectamente a ella. Pero hay algo evidente: el tratado de Schengen es de 1985, han pasado ya veintitrés años y Europa ha cambiado mucho: nuestros sistemas de control de fronteras son más sofisticados y hemos introducido elementos técnicos que van a seguir permitiendo la libre circulación de personas pero que van a combatir de forma más eficaz la inmigración ilegal. Hoy Europa tiene 27 estados miembros y hay que plantearse si ese acuerdo aún funciona bien, en un momento, además, en el que el mundo también ha sufrido cambios muy profundos. Quiero recordar que a principios de año, cuando aún era vicepresidente de la Comisión Europea, ya propuse que se evaluara el funcionamiento del tratado. El documento estará preparado después del verano y entonces podremos ver si son necesarios algunos cambios. En ningún caso hemos actuado de forma unilateral.

- ¿Cuáles son entonces las razones por las cuáles el Ejecutivo español ha criticado la política de su Gobierno?

- Lo cierto es que aún no se habían publicado los pormenores de la reforma aprobada en el Consejo de Ministros del miércoles. Precisamente ayer nuestro ministro de Asuntos Europeos viajó a Madrid para ilustrar a su Gobierno sobre nuestra nueva política. Y lo hemos hecho como gesto de amistad, pues no tenemos obligación de dar explicaciones a nuestros socios europeos, ya que cada país tiene derecho a hacer sus propias leyes. Espero que a partir de ahora se entienda que hemos hecho sólo lo que debíamos hacer para garantizarnos una mayor seguridad. Es preocupante el fenómeno de los extracomunitarios de los cuáles, por cierto, España ha expulsado a un gran número en los últimos años.

- Pero la reforma también prevé la expulsión de comunitarios… ¿Puede haber una directiva de retorno que no suponga discriminaciones injustas entre ciudadanos de la UE?

- Naturalmente, la directiva europea sobre retorno que se debate en Bruselas y Estrasburgo no afecta a los ciudadanos europeos, sólo a ciudadanos extracomunitarios. Sin embargo, nuestra reforma aplica una directiva europea, la número 38 de 2004, que está ya en vigor y que se refiere a los ciudadanos europeos, comunitarios. Esta directiva indica con gran claridad que un ciudadano comunitario que desea estar en España o en Italia más de tres meses tiene el deber de demostrar de qué vive. De declarar sus ingresos, que deben ser ingresos legales. No puede vivir de robos o de actividades ilegales. Y debe declarar dónde reside. Precisamente porque esa directiva no ha sido aplicada por el Gobierno Prodi, tenemos casos en que un ciudadano extranjero; por ejemplo, un polaco, puede decir que vive en Roma en una autocaravana. Esto es suficiente según la ley italiana actual. Nosotros pensamos que eso es un error. Que «residencia» significa una vivienda decorosa, no una gruta junto al río. Por eso hemos dicho que la directiva interpreta como «casa» una casa verdadera, no un automóvil.

- Pero parece que la reforma sólo penaliza a los ciudadanos en situación ilegal y no a los que se enriquecen con ellos…

- A partir de ahora los italianos que alquilen una casa a un inmigrante irregular en el mercado negro serán castigados con la pérdida de esa vivienda, que será confiscada por el Ayuntamiento. Es una medida muy dura. Millares y millares de inmigrantes pagan «en negro» a los propietarios, que reciben el dinero, no pagan impuestos y ayudan, además, a mantener una situación ilegal. No queremos meter a nadie en la cárcel. Simplemente decimos: cuidado, si tú alquilas un piso a un inmigrante clandestino sin informar a la Policía pierdes la casa.

- Suena un poco duro…

- Es cierto. Es una medida fuerte porque en Italia la situación es intolerable. Tenemos unos 600.000 irregulares que viven en casas de italianos que no lo declaran a la Policía, cobran alquiler y no pagan impuestos. ¿Quién es la víctima? El inmigrante clandestino. Nosotros no le castigamos a él, sino que quitamos la casa al propietario. En Roma hay un mercado ilegal de casas para «sin papeles». Por una habitación se paga unos 500 euros al mes. Quien alquila cuatro cobra 2.000 euros «en negro» y, si pone dos camas, 4.000. Es inaceptable. Es una medida severa, sin duda, pero en Italia ha habido 20 años de tolerancia. Recordarán que cuando Zapatero anunció la regularización masiva llegaron 800.000 personas y tuvo que cambiar de postura porque la tolerancia era insostenible.

- Parte del problema de imagen de Italia es esta dureza, junto con la acusación de brotes de xenofobia. ¿Por qué han coincidido las dos cosas?

- Es la consecuencia de una tolerancia que ha durado demasiados años. El pueblo español y el pueblo italiano son muy cercanos, por historia y por cultura y entendemos los respectivos idiomas. Los italianos no son xenófobos sino que aprecian a los inmigrantes legales. En las casa de los italianos hay un millón de personas que cuidan ancianos. Lo que no quieren los italianos son personas que cometen delitos. Si se confunde la petición de seguridad con ser xenófobo, se comete un gran error. Al mismo tiempo hay que condenar con gran firmeza las agresiones. El ataque a un campo de gitanos fue un acto ilegal, muy erróneo, pero debido a una razón: una gitana entró en la casa de una persona honrada para raptar una niña de seis meses. Si alguien se llevase a mi hija de mi casa, no sé lo que hubiese hecho. A lo mejor hubiese acudido a la Policía, pues soy un funcionario público. Pero esas eran personas pobres que viven en Nápoles, con la basura y la suciedad… Ha sucedido esa violencia, injustificada y condenable. Pero me hubiese gustado que jefe del campamento gitano, el mismo día del arresto, hubiese condenando a su compatriota, diciendo que no era su hijo, sino un enemigo de su pueblo. No se puede acusar de xenófobos a los italianos y, al mismo tiempo, admitir que los gitanos no condenen jamás a los suyos que cometen delitos. Nuestro Gobierno ha ganado las elecciones por amplia mayoría precisamente porque los italianos han condenado la política de tolerancia con el crimen. Tenemos un deber hacia nuestros electores.

- Volviendo al caso de los ciudadanos comunitarios. ¿Y si después de de tres meses, un ciudadano europeo que debe declarar sus ingresos resulta que tiene pocos?

- Se aplica lo que dice la directiva europea. Es decir, que no se puede vivir en un país más de 90 días. Y por lo tanto, debe regresar a su país. Estoy convencidode que hacen falta acuerdos bilaterales. Por ejemplo, con Rumanía hemos hecho el primer programa entre el alcalde de Milán y tres alcaldes de ciudades de ese país. En Milán hay muchos rumanos sin ingresos que, por lo tanto, roban. Nosotros les ayudamos a regresar a sus ciudades de origen. Para eso financiamos proyectos en esas ciudades. Además, Italia pedirá fondos europeos para la integración de los gitanos rumanos. Los gitanos han sido integrados en muchos países de Europa. España ha obtenido de Europa 50 millones de euros sólo para la integración de gitanos rumanos. Italia no ha obtenido nada porque el Gobierno Prodi no ha pedido nada. A partir de ahora, Italia presentará proyectos. De modo que haremos dos cosas: seguridad por una parte, e integración por otra. Yo soy el autor de los proyectos europeos sobre inmigración ilegal y también legal. Y he recibido aplausos del Gobierno español, precisamente de la señora Fernández de la Vega, que me ha visitado tantas veces en Bruselas y ha pedido ayuda europea, que yo siempre he dado. Si mi propio país no pedía ayudas, no podía dar nada. Yo distribuía dinero a España, Malta, etc. pero no a Italia, pues no lo pedía. Era una paradoja. España ha aprovechado muy bien los fondos europeos: para las Islas Canarias, para los centros de acogida, para programas de integración…

- Respecto a esta directiva que ustedes empiezan a aplicar ahora, ¿cree que Italia está siendo un precursor y que otros países tendrán que seguir su ejemplo?

- Otros países la han aplicado ya. Nosotros no somos los primeros. Alemania o Francia han sido muy rígidas en esto. Hace unos meses, el presidente Sarkozy y la ministra del Interior, Michelle Allyot – Marie ordenaron el desalojo inmediato y completo de cuatro campos de gitanos porque descubrieron que allí se vivía de modo ilegal. Cuando Rumanía ya no necesitaba visados para entrar en Europa, el primer país hacia el que iban los rumanos era Austria. Los rumanos iban todos a Austria. Al cabo de un año, el Gobierno austriaco introdujo reglas severísimas sobre la residencia, siguiendo la directiva del 2004, y los rumanos se desplazaron a Italia, pues aquí nadie les pregunta cómo viven o si respetan la ley. Muchos rumanos trabajan en Italia legalmente. Por ejemplo, un millón de acompañantes de ancianos son rumanas. Para nosotros son indispensables. Si yo no tuviese una persona que se ocupa de mi madre tendría problemas. En cambio, hay otras personas que violan la ley. Creo que esta directiva será aplicada poco a poco por otros países, pero hay que tener en cuenta que muchos estados no tienen el problema de Italia o España, pues los rumanos van a los países ricos y del sur. Con todo respeto, digo que no van a Hungría o a Polonia, pues allí no hay las oportunidades que encuentran en Italia o en España. Es un problema importante para nosotros, mientras que no lo es, por ejemplo, para Letonia o Lituania.

- ¿Podemos entonces decir que el malentendido con Madrid está completamente superado?

- Yo pienso que sí. Estoy convencido de que en cuanto los amigos españoles conozcan nuestras normas entenderán que nuestras leyes van en la misma dirección que las españolas. Pero, incluso con toda la amistad, si las legislaciones fuesen distintas, cada país tiene el derecho a dotarse de las propias. Lo importante es que todas respeten las normas europeas. Y esto va a suceder.

- ¿Han sido cordiales las conversaciones de estos días con el ministro Moratinos?

- Han sido muy cordiales, pues tengo gran amistad con Moratinos, que era representante para Oriente Medio cuando yo fui nombrado ministro de Asuntos Exteriores en el 2002. Después él fue nombrado ministro y hemos sido colegas. Más tarde yo he pasado a ser responsable europeo de inmigración y hemos seguido en contacto. Es un amigo que conozco desde hace muchos años y no tenemos ningún problema.

- Pero quizá aconsejaría prudencia a otros ministros del nuevo Gobierno español…

- Son ministros que todavía no saben que cuando se dicen algunas cosas en una cena privada, después terminan en los periódicos. Por eso hace falta prudencia. Si un ministro dice una cosa desagradable sobre el primer ministro italiano, los periodistas tienen la obligación de escribirla. Quien la dice, no debería hacerlo, ni en público ni en privado. Y con esto no me refiero evidentemente ni al ministro Moratinos ni tampoco a la señora Fernández de la Vega, que no ha hablado del Gobierno italiano sino de violencia en Italia. De hecho esos actos de violencia fueron condenados por el Gobierno italiano. Es distinto el caso de los otros dos ministros. Son ministros jóvenes. Ya entenderán también ellos las reglas de la comunicación. Tengo que decir que el presidente Zapatero ha sido muy claro en esto. Estábamos juntos en Lima, y nos vimos por la mañana al tomar café. Tengo una excelente relación personal con Zapatero. Le llamé y le dije: «Has visto?». No lo había visto todavía, por la diferencia de horario, pero después ese mismo día hizo una puntualización.