El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero teme que el decretazo italiano que convierte la inmigración ilegal en delito desvíe a los ciudadanos sin papeles a “otros países”, entre ellos España, y considera que una medida semejante se tendría que haber decidido en el seno de la Unión Europea (UE).
El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, se lo dijo ayer a Andrea Ronchi, el ministro italiano de Política Comunitaria, que hizo una visita relámpago a Madrid el día siguiente de la aprobación de las controvertidas medidas. Ronchi tenía dos objetivos: explicar que Italia “ha decidido dejar de ser la puerta de entrada para la inmigración ilegal” y cerrar la crisis que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, abrió el viernes al criticar el decretazo italiano.
“Italia tiene una emergencia de seguridad y Europa debe entenderlo”, declaró Ronchi ante la prensa junto a un López Garrido que ayer parecía un equilibrista. El secretario de Estado repitió una y otra vez que el Gobierno español “respeta” las medidas italianas, aunque no las considera “proporcionadas” ya que no son “la mejor vía” para hacer frente a la inmigración irregular. Garrido aseguró que la decisión unilateral de Italia no es comparable a cuando, en el 2005, España regularizó a más de 600.000 sin papeles, proceso que varios gobiernos europeos consideraron que alimentó el efecto llamada.