El Estado debe garantizar a todo ciudadano el derecho a no tener miedo. La frase es impecable. Si no fuera porque Silvio Berlusconi la dijo para defender su decisión de convertir en delito la inmigración ilegal. Refleja, en toda su crudeza, el desenfoque con el que se aborda una cuestión que no tiene marcha atrás y que determinará el futuro.

Los movimientos migratorios van en aumento. Y seguirán generando conflictos de convivencia en los que los Estados, efectivamente, deben garantizar el derecho de los ciudadanos a no tener miedo. De todos los ciudadanos, también de los que son perseguidos por quienes se sienten con un derecho natural superior sobre los medios de supervivencia y los territorios en los que habitan. Ante ese choque de intereses, que se produce lo mismo en Sudáfrica que en Italia, en Pontevedra que en A Coruña, las autoridades no pueden patrocinar el odio. Porque primero se criminaliza al ilegal y se acaba haciendo leyes para que personas con determinados apellidos o pigmentaciones no tengan derecho a una vivienda.

Mientras Italia pone toda su artillería contra los indocumentados, y la UE se atasca en los procedimientos de extradición, en Burkina Faso se reúnen delegaciones de Europa y África para hablar de emigración. Comenzaron mal: la ponencia de apertura correspondió a un oficial de la Guardia Civil que explicó lo bien que funcionan los sistemas de detección y repatriación. Mientras, millones de personas emigran del campo a las ciudades, primero, y después de las grandes urbes ahogadas por la miseria hacia Europa. La crisis del petróleo y la carestía de los alimentos van a engordar esa procesión de fantasmas que no vemos mientras no llega al portal de nuestra casa. Un ministro de Burkina Faso replicó a Berlusconi utilizando un proverbio africano: «La oveja muerta no teme al cuchillo».