López Garrido transmite a su colega italiano su rechazo a convertir en delito la inmigración ilegal El Gobierno español trasladó ayer al Ejecutivo de Berlusconi su «preocupación» por que la criminalización de la inmigración ilegal en Italia desencadene un efecto llamada en nuestro país.

En palabras del secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, convertir en delito la entrada clandestina de extranjeros «deriva los flujos migratorios de forma desproporcionada no sólo hacia España, sino hacia otros países europeos».

El PP está de acuerdo y ha manifestado el mismo temor con diferentes palabras. «Efecto huida» lo llama.

De hecho, «Italia ha cambiado de registro», advirtió ayer, en Madrid, el nuevo ministro italiano para la UE, Andrea Ronchi, tras su reunión con López Garrido. «Ya no vamos a ser la puerta giratoria de entrada de la inmigración clandestina a Europa», aseveró. Y antepuso sus propias necesidades a las del resto de la UE: «El deber de un Estado soberano es garantizar la seguridad de su casa».

Los representantes español e italiano en la UE se reunieron ayer a petición del segundo, quien, según dijo, adelantó su visita a España para explicar la política de inmigración de su país tras el «desagrado» causado por «las declaraciones de varios miembros del Gobierno español».

El encuentro sirvió para que López Garrido aclarara al Ejecutivo de Berlusconi que el Gobierno español «respeta» las medidas que adopte el suyo, antes de trasladarle, «con franqueza», su «preocupación».

Lo que empezó siendo una reconciliación diplomática devino en una puesta en escena de las diferencias. López Garrido insistió en que el problema de la inmigración ilegal «debe ser abordado por el conjunto de la UE mediante una acción común y concertada, no por un solo país», sobre todo teniendo en cuenta la libre circulación de personas que el Tratado de Schengen garantiza en la UE.

El representante español reiteró que lo que haga un Estado «afecta a otros países del entorno donde pueden desviarse los flujos migratorios»; sobre todo a los más cercanos, concretó. Por esta razón, las medidas «deben ser dialogadas en el conjunto europeo».

López Garrido tuvo que justificar entonces la regularización extraordinaria que acometió el Gobierno de Zapatero en 2005. Según su argumentación, aquella medida «no afectó a otros países» porque quienes obtuvieron permiso de residencia «se quedaron en España». Nada que ver, según él, con lo legislado en Italia.

El ministro italiano amparó la nueva política en que su país «tiene una grave emergencia de seguridad y Europa tiene que entenderlo». Ese «problema de seguridad», según Ronchi, está directamente relacionado con la inmigración ilegal y solucionarlo, también advirtió, fue un compromiso electoral del centro – derecha, que ha obtenido el respaldo mayoritario en las urnas.

«Nosotros tenemos que pensar en las necesidades de nuestros ciudadanos y en su seguridad», insistió. «Europa tiene que entender que Schengen diseñaba una Europa distinta a la que tenemos», adujo.

En todo momento se encargó de vincular la nueva política con una «vuelta de tuerca cultural». «Pretendemos que quien venga a nuestro país respete y comparta nuestra cultura, nuestra religión católica y nuestras normas de convivencia». «La homogeneidad cultural hará una Italia más fuerte en Europa», añadió.

Pero Berlusconi no tendrá el respaldo de la derecha española, ya que el PP está en contra de que la inmigración ilegal se convierta en un delito. Rafael Hernando, portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Popular, incluso alertó ayer de «los problemas que van a acarrear estas medidas». En la misma línea que López Garrido, vaticinó una inminente llegada a nuestro país de sin papeles procedentes de Italia.

«Hay que hacer legislaciones comunes a toda la UE, no que cada uno haga lo que quiera», dijo.