La UE lanzó ayer un mensaje claro sobre cuál debe ser la dirección de la política comunitaria en materia de inmigración ilegal. Tras más de dos años de discusiones, los Veintisiete aprobaron una nueva legislación para aumentar la presión sobre los sin papeles. La UE propone que los clandestinos puedan ser retenidos hasta 18 meses, para dar tiempo a los países receptores a tramitar las repatriaciones. La próxima directiva – aún debe ser debatida en la Eurocámara antes de su ratificación por los ministros de Justicia e Interior el 5 y 6 de junio – retira además toda mención a la obligación de dar asistencia legal gratuita a los inmigrantes irregulares, si bien pide a los Estados que dispongan medios para satisfacer esta asistencia jurídica. Asimismo, los expulsados tendrán prohibido a entrar en Europa durante cinco años, un periodo ampliable si el inmigrante clandestino supone una amenaza grave para la seguridad. El ministro de Interior, Alfredo Pérez – Rubalcaba, ya anunció su intención de elevar el plazo máximo de retención de ilegales en España, actualmente fijado en 40 días. A partir de ese tiempo, si el Gobierno no ha logrado llevar a cabo la expulsión, el inmigrante sin papeles queda en la calle en situación irregular. Ahora el Gobierno debe precisar hasta qué punto se acoge al endurecimiento normativo por el que aboga la UE. Por lo que atañe a la asistencia legal gratuita, el Tribunal Constitucional blinda este derecho de los extranjeros. Es muy significativo que este acuerdo de la UE se haya producido en medio de la polémica desatada porque Italia ha decidido considerar un delito la inmigración ilegal. Gobierno y PP rechazan esta medida y alertan de que puede generar un efecto llamada hacia otros países. Más allá de lo desproporcionado de la iniciativa de Berlusconi, el Gobierno debe tener claro que Europa apuesta fuerte por la mano dura.