La directiva, que se aplicará en 2010 una vez aprobada en el Europarlamento, veta la entrada de los expulsados cinco años Emigrar a cualquier país de la UE sin papeles se convertirá en un peligroso gesto que puede costar un año y medio de encarcelamiento y cinco de veto de entrada en los Veintisiete. La UE dio ayer un paso más para endurecer sus barreras comunes contra los ilegales. Tras casi tres años de debates y una intensa negociación en las últimas dos semanas, el Consejo de la Unión aprobó la nueva directiva para repatriar a los inmigrantes ilegales.

La directiva permite retener a los indocumentados un máximo de 18 meses y deja a los estados miembros libertad para limitar su asistencia jurídica gratuita. La polémica ley, que no obliga a modificar las normas nacionales en la mayoría de los países de la UE, aunque sí a establecer topes de internamiento en nueve socios que carecen de guías o superan los techos, aún debe pasar, en junio, por la votación del Parlamento Europeo y el sí final de los ministros de Justicia e Interior.

Pero la negociación está casi cerrada y la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara ya apoyó el texto en septiembre con pocos matices más, por lo que fuentes diplomáticas consideran «probable» una aprobación rápida para que la directiva entre en vigor en 2010.

El texto anima a intentar la marcha voluntaria de la UE del inmigrante ilegal, pero, si no colabora, permite su retención durante seis meses y otro año adicional en caso de que el Estado no logre identificar la nacionalidad del detenido o el país de origen retrase el papeleo. Por ejemplo, China, según se quejan algunos Estados europeos, es un ejemplo clásico de Estado que complica la burocracia en la repatriación de sus ciudadanos y con quien se necesita más tiempo para tratar.

En este proceso, según la última versión pactada por los embajadores de los Veintisiete, el inmigrante recibirá asistencia judicial gratuita de acuerdo con las normas de cada Estado miembro. Aunque los gobiernos europeos están obligados, por otra directiva de 2005, a ofrecer esta ayuda, también pueden negarla en casos de apelación o revisión de expedientes y tienen opciones de limitarla, una exigencia, en particular, de Alemania, temerosa de que se multipliquen sus gastos.

Pese a las conversaciones sobre el tema con el Parlamento, éste puede ser el punto más debatido por los eurodiputados en el pleno, igual que la prohibición de entrada en la UE durante cinco años después de un arresto sin documentos.

Sus defensores insisten en que la directiva asegura unos máximos de estancia en centros de detención para toda la UE y garantiza estándares de protección, como la prohibición del uso de la fuerza, las visitas sorpresa de inspectores europeos en los centros o la obligatoriedad de que los menores no acompañados sean encarcelados en un lugar distinto al reservado a los adultos y dependan de una autoridad diferente de la de inmigración. «La directiva asegurará una visión más armonizada y efectiva sobre los procedimientos de repatriación por parte de los Estados miembros, mientras se respetan los derechos de los nacionales de terceros países en situación ilegal», declaró la presidencia de turno de la UE, Eslovenia este semestre, tras el cierre del acuerdo.

Sus detractores se quejan de que la Unión está criminalizando la entrada sin documentos en un país. «Aceptar esta directiva tal y como está dinamita los derechos fundamentales de los individuos», afirma Amnistía Internacional, en una declaración conjunta con el Consejo Europeo de Refugiados.

A falta de cifras oficiales, la Comisión Europea estima que residen en la UE unos ocho millones de inmigrantes sin papeles. En el primer semestre del año pasado, 200.000 fueron arrestados, pero de ellos menos de la mitad lograron ser repatriados. Según Friso Roscam, portavoz de Justicia de la Comisión, una política de inmigración que fomente la legalidad debe ser «coherente» y promover «consecuencias normales, legales» para los irregulares o «nadie tomará en serio» a la UE.

El Gobierno español no está obligado a cambiar la Ley de Extranjería, que ofrece una protección superior a la de esta legislación comunitaria, pero el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha anunciado que aprovechará la nueva norma para aumentar el límite nacional de retención de los inmigrantes, fijado en 40 días y, según él, insuficiente. La media europea para completar una repatriación, según la Comisión, suele ser de un mes y medio y los topes legales varían entre 32 horas y 18 meses.