VERÓNICA BECERRIL

SERVICIO ESPECIAL

ROMA. En el céntrico barrio del Esquilino de Roma, a cinco minutos de la estación central de trenes y a diez del Coliseo, no se habla de otra cosa: «¿Qué va a pasar ahora?». La preocupación se dibuja en los rostros de los indios, rumanos, eslovenos y demás inmigrantes que viven en uno de los barrios más multiétnicos de la capital italiana. Es el miedo a que la mano dura de Italia caiga indiscriminadamente sobre todos. Tras la detención esta semana de 400 inmigrantes acusados de robos, venta de droga y fomento de la prostitución, la comunidad extranjera tiene sus dudas sobre la aplicación de la futura ley de seguridad que el ministro de Interior, Roberto Maroni, presentará el próximo miércoles en el Consejo de Ministros de Nápoles.

Entre los cinco puntos que contendrá el decreto ley, aparecen la clandestinidad, los ciudadanos comunitarios, los entes locales, nuevos delitos y la lucha contra la criminalidad organizada. Estas medidas son fruto de la psicosis en Italia después de episodios de agresión protagonizados por gitanos de etnia rumana. En Nápoles se lanzaron cócteles molotov contra las chabolas de los campos nómadas, y la prensa local habla de agresiones contra inmigrantes en la calle. La población decidió tomarse la justicia por su mano, actitud alabada en algunos sectores políticos. A las medidas que el ministro de Interior, Roberto Maroni, quiere aplicar para controlar la inmigración ilegal, se une la colaboración del ministro de Defensa, Ignacio La Russa, quien esta semana anunció otra novedad: la creación de patrullas de barrio que sustituyan al solitario policía.

Uniformes contra el delito

Se trataría de equipos compuestos ni más ni menos que por cinco personas, a saber: un vigilante urbano, un policía, un carabinero, un policía financiero y, para que no falte nadie en el elenco, un militar. Para algunos, se pueden convertir en el terror de los inmigrantes en general, y no sólo de los ilegales o de los delicuentes . El ministro lo justificó diciendo que «simplemente viendo los uniformes prevendrán cualquier delito». Podrían unir a este equipo a un miembro de la Policía rumana, ya que desde el país vecino llegó un apoyo logístico para «ayudar» o, quizá, controlar lo que se hace en Italia. El caso es que Rumanía ahora está con la mosca detrás de la oreja, como se suele decir, y ante el peligro de expulsiones indiscriminadas, pide más garantías a Italia. Pero Maroni, para evitar un conflicto diplomático, aclaró que «en la emergencia de seguridad no existe una subemergencia Rumanía. No habrá expulsiones masivas – intentó tranquilizar el ministro de Interior – , aclarando que la responsabilidad penal es personal, y sólo quien delinque, venga del país que venga, será castigado». Mientras Maroni anunciaba esto, un policía que se está ocupando de los trabajos de reenvío a la patria de varios rumanos, explicaba a varias agencias italianas que están en marcha más expulsiones.

El presidente de la República, Giorgio Napolitano, se ha mostrado «cauto» sobre este plan, pero exige que para que las medidas entren en vigor inmediatamente deberán atender los requisitos de «urgencia y necesidad». Mientras, responsables de la Iglesia expresaron que «hay que parar los extremismos» contra los inmigrantes.