La pretensión de Catalunya de limitar la solidaridad entre las autonomías ha topado frontalmente con Andalucía. El Gobierno de la comunidad de mayor peso demográfico de España y de mayor influencia política en el tablero regional del PSOE rechaza de plano la propuesta catalana de acotar la solidaridad financiera a los gastos de educación, sanidad y servicios sociales. En vísperas de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes, esta es la diferencia sustancial entre los gobiernos de los dos principales graneros electorales socialistas de España.
La Generalitat ha propuesto que su contribución solidaria sea exclusivamente para nivelar los servicios esenciales del Estado de bienestar que prestan las autonomías. Los demás servicios no estarían sujetos a nivelación solidaria; es decir, su financiación dependería de la capacidad fiscal y financiera de cada territorio. El Gobierno catalán calcula que de este modo sería objeto de nivelación entre el 65% y el 75% del gasto total autonómico. El resto (del 25% al 35%) quedaría libre.

PERJUDICIAL
El rechazo andaluz a la idea catalana va mucho más allá de la posición oficiosa del Ministerio de Economía, cuyos responsables han admitido la posibilidad de acordar alguna limitación de los mecanismos de solidaridad interterritorial.
El consejero andaluz de Economía, José Antonio Griñán, reconoció ayer en declaraciones a EL PERIÓDICO que el actual sistema de financiación “es perjudicial” para Catalunya, así como para Baleares, Madrid y Valencia. Este modelo fue aprobado en el 2001 a partir de estadísticas de 1999, datos previos al gran flujo migratorio que España ha recibido en la última década, más de una quinta parte del cual ha recalado en Catalunya.
La Junta también coincide con la Generalitat en la crítica al “gran desequilibrio” entre los ingresos fiscales y el gasto de la Administración central, de un lado, y de la autonómica, del otro. La central abarca el 43% de los ingresos fiscales y solo el 22% del gasto, y las autonomías, el 22% de los ingresos y el 36% del gasto. En otras palabras: el Estado recauda más de lo que gasta y las autonomías gastan más de lo que recaudan.
Andalucía, como Catalunya, también defiende que el peso demográfico sea el criterio básico del nuevo sistema. E incluso apoya – – aunque solo parcialmente – – el argumento catalán de introducir una prima financiera por la población inmigrante. Griñán considera que eso sería razonable en educación (los niños inmigrantes necesitan refuerzo escolar), pero no en sanidad (los inmigrantes son mayoritariamente jóvenes y, por tanto, hacen menor gasto sanitario).
Pero aquí acaban las coincidencias entre los gobiernos de las dos comunidades más pobladas de España. La Junta se niega a excluir del mecanismo de nivelación los servicios ajenos a la educación, la sanidad y la atención social. “El acceso a la vivienda y el funcionamiento de la justicia son también fundamentales para la cohesión de una sociedad y para su desarrollo económico”, afirmó Griñán.

NO AL EJE
Andalucía descarta explorar la posibilidad de formar un eje común con Catalunya en la inminente negociación del nuevo modelo de financiación. Griñán aseguró que no hay contactos bilaterales con la Generalitat tendentes a unificar sus respectivas propuestas.
“Lo más razonable – – declaró Griñán – – es que el Estado actúe de moderador de las distintas propuestas autonómicas”. Fuentes del Ejecutivo catalán confirmaron ayer que el desinterés en un eje catalano – andaluz es mutuo. El Estatut, recordaron estas fuentes, establece que la negociación de la nueva financiación de la Generalitat será bilateral, sí, pero entre Catalunya y el Estado. Lo que no implica que la solución no pueda ser generalizable a las demás autonomías de régimen común.