Dicho y hecho, incluso antes de aprobar la ley. La policía italiana informó ayer de una operación contra inmigrantes sin papeles puesta en marcha hace una semana y saldada con 383 arrestos en 15 provincias. El nuevo Gobierno conservador de Silvio Berlusconi no estaba aún constituido, ni había jurado el cargo después haber ganado las elecciones con una campaña basada principalmente en la seguridad urbana, pero los distintas cuerpos de seguridad ya habían entrado en el nuevo orden de ideas.
“¡Finalmente! Ahora hay que seguir adelante por esta vía”, comentó ayer Claudio d’Amico, diputado de la Liga Norte, aliada de Berlusconi. El decreto o proyecto de ley sobre el cambio de rumbo será presentado la próxima semana en el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno.
Durante una semana, los agentes de la Policía Nacional han detenido a 383 personas, 268 de ellas extranjeras, de las que 118 serán expulsadas al tratarse de inmigrantes sin papeles. De esas 118 personas, 53 fueron trasladadas de inmediato a la frontera para su expulsión y 65 han sido ingresadas en centros de acogida, a la espera de repatriarlas. Los detenidos han sido acusados de atraco, hurto, proxenetismo y tráfico de personas.

“ALARMA SOCIAL”
Francesco Gratteri, director de la policía criminal, explicó: “No se ha tratado de una acción contra una etnia específica, sino que tenía como único objetivo oponerse a unos criminales que han subido el listón de la alarma social”.
Paralelamente, en Roma la policía municipal entró en un asentamiento de gitanos y llevó a la comisaría a unos 60 sin papeles. Por su parte, la policía de Libia arrestó ayer a 240 inmigrantes de distintas nacionalidades cuando iban a embarcarse en pateras hacia Italia.
Las operaciones, que han afectado a toda la península, “no han acabado y la elección de las regiones ha dependido de los análisis de los servicios de espionaje que han considerado los lugares más críticos y sensibles”, según explicó Gilberto Calderozzi, director del servicio operativo de la Policía Nacional.
“Sancionar el ingreso clandestino no sirve de nada”, aseguró ayer Mario Marazziti, responsable de la Comunidad San Egidio, que asiste a las personas con dificultades. Marazzati criticó la medida “porque no existe el delito de ser pobre”. En su opinión, “la verdadera respuesta al problema de la seguridad no es la represión, sino la integración social”.
Nicola Zingaretti, presidente de la región de Lazio (a la que pertenece Roma) criticó el “uso desconsiderado que se hace de la seguridad, no para resolver los problemas sino para instrumentalizar el descontento y lograr un consenso efímero”. “Estoy del lado de los gitanos y de los clandestinos”, dijo el religioso Vinicio Albanesi, responsable de una comunidad de acogida.