Después de dos aplazamientos, el juicio contra los presuntos autores de una estafa masiva a 66 inmigrantes llega hoy a la Sección Sexta de la Audiencia de Vizcaya. La fiscalía y la organización de apoyo a los inmigrantes Harresiak Apurtuz reclaman seis años de cárcel y entre 8.100 y 16.200 euros de multa al supuesto empresario Emilio González y a su letrada, María del Carmen Formoso. Ambos se aprovecharon de la regularización extraordinaria de 2005 para cobrar una media de 800 euros a cada uno de los estafados a cambio de presentarles una oferta de trabajo que nunca llegó a existir.

Los escritos de las dos acusaciones coinciden en que los procesados aprovecharon el proceso de normalización para “enriquecerse ilícitamente”. Para ello, González constituyó el 1 de abril de 2005 una comunidad de bienes denominada Reformas Koldo que carecía de cualquier actividad empresarial. “La oferta de empleo firmada por el acusado, con la mediación de la abogada, era ficticia, al no disponer realmente la entidad Reformas Koldo de medios económicos y materiales para dar empleo”, precisa el texto, según informa Europa Press.

Además, la letrada, quien actuaba en representación de la empresa ficticia, aseguraba a los inmigrantes su futura regularización “a sabiendas de que algunos de ellos no cumplían los requisitos” para poder conseguir un permiso de residencia y trabajo (acreditar que llegaron a España antes de agosto de 2004 y carecer de antecedentes penales en el país de origen).

Los acusados “tenían pleno conocimiento de que su actuación afectaba a un elemento de primera necesidad para la situación de todos y cada uno de los trabajadores extranjeros afectados”. Así, se presentaron 66 solicitudes ante la subdelegación de Vizcaya, de las que 65 fueron denegadas. El juicio fue aplazado en principio debido a que el abogado de Formoso, Ricardo Mateo, había sido inhabilitado por el Colegio de Abogados de Vizcaya por razones que aún no han trascendido. “Si sale la razón [de su suspensión], me querello contra quien sea”, declaró Mateo a EL PAÍS en febrero pasado.

Éste es el segundo juicio de estas características en llegar a los tribunales vascos a raíz de la investigación reclamada por Harresiak Apurtuz. Una empresaria de Bilbao ya fue condenada en febrero pasado a 18 meses de prisión por estafar a otros nueve inmigrantes. Les cobró 7.550 euros por tramitarles una documentación que no tenía ninguna posibilidad de salir adelante para regularizar su situación.