bilbao. La Audiencia Provincial de Bizkaia iniciará el próximo martes el juicio penal contra una letrada y un empresario por una presunta estafa a 39 trabajadores inmigrantes durante el Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros de 2005, según informó Harresiak Apurtuz.

La coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo al inmigrante explicó que, tras una primera sentencia condenatoria, “tiene por delante dos nuevos procesos contra dos grupos de abogados y empresarios, imputados por la ejecución de un presunto delito continuado de estafa, atentando contra los derechos laborales y sociales de varias decenas de trabajadores inmigrantes”.

A finales de 2005, Harresiak Apurtuz asumió la defensa en cuatro procesos penales de más de 61 trabajadores inmigrantes estafados durante el Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros realizado ese año.

El pasado 13 de febrero, se celebró el primer juicio penal contra una empresaria acusada de estafar a 14 trabajadores inmigrantes. El resultado de este proceso fue una sentencia condenatoria que consistía en la devolución por parte de la empresaria de la cantidad total estafada y en una pena de 18 meses de cárcel que sólo tendría que cumplir en caso de no devolver el dinero que estafó.

Harresiak Apurtuz solicitó, con esta sentencia, a la Administración del Estado que “activara el mecanismo legal que recoge la Ley de Extranjería según la cual las personas inmigrantes víctimas de redes, empresarios o empresarias o grupos mafiosos que las exploten, pueden ser documentadas si colaboran, en cualquier forma, en su desarticulación”.

Sin embargo, lamentó que, a día de hoy y “pese a haber obtenido una sentencia penal firme gracias a la colaboración de estos trabajadores extranjeros”, estos no han obtenido de la Administración el permiso previsto en la Ley para estos casos.

El martes en la Audiencia Provincial se celebrará el segundo juicio penal por presunta estafa contra una letrada y un empresario registradas durante el Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros de 2005. El juicio fue suspendido en dos ocasiones. "En la primera suspensión la Fiscalía apoyó la petición de suspensión del letrado de la acusación que se basaba en su inhabilitación para el ejercicio profesional durante 6 meses como consecuencia de una sanción deontológica.

En este sentido, Harresiak Apurtuz denunció el “retraso”. “Suspender dos veces un juicio ha supuesto retrasar la tutela de las víctimas; dificulta su documentación ya que para ello es necesario tener una sentencia; y permite a las personas imputadas seguir reiterando su comportamiento al no haberse adoptado ninguna medida cautelar contra las mismas”, insistió. Destacó la dificultad de “ganar un juicio penal de estas características” teniendo en cuenta que “ninguna institución ha realizado ninguna investigación de estos grupos y redes organizados”. >r.u.

las frases

“Ninguna institución ha realizado una investigación de estas redes organizadas”

“Pese a la anterior sentencia condenatoria los trabajadores no han sido documentados”

harresiak apurtuz

Coordinadora de apoyo a inmigrantes