SAN SEBASTIÁN. DV. El sistema penitenciario español está agotado. Y los reclusos, hacinados. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Interior, sólo desde enero han entrado en la cárcel cerca de dos mil personas hasta alcanzar una cifra total de 69.181 reos. Pero las infraestructuras siguen siendo las mismas. Euskadi, con un nivel medio de saturación del 163%, no supone una excepción a esta situación común a todos los penales. Los centros de Martutene (325%) y Basauri (278%), de hecho, aparecen en la lista de prisiones con mayor porcentaje de sobreocupación. En ambos casos acogen a más del doble de presos de su capacidad real.

Los datos evidencian una caótica realidad que también se manifiesta en el último informe de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato con mayor relevancia entre los funcionarios de prisiones. Este estudio, que abarca la pasada legislatura (2004 – 07), resalta una paradójica imagen: el número de reclusos crece a un ritmo de vértigo (7,5 internos nuevos al día), mientras los recursos se han quedado «obsoletos». «Si se exceptúan los países bálticos, España es el Estado de la Unión Europea con mayor número de presos por 100.000 habitantes; en concreto, 142)», denuncia José Miguel Guzmán, responsable nacional de Instituciones Penitenciarias de CC OO.

Pero, ¿qué razón ha provocado que las cárceles españolas hayan acogido a diez mil personas más en tan sólo cuatro años? ¿Por qué se ha rebasado el nivel óptimo de ocupación? Uno de los principales motivos que aducen las fuentes consultadas para explicar que haya más de un preso en cada celda como marca la ley – en Ceuta y Martutene, por ejemplo, hay más de tres – es el aumento de los extranjeros privados de libertad durante el primer mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta el 31 de diciembre, habían entrado en la cárcel 7.772 inmigrantes. «Ocho de cada diez nuevos reos son extranjeros. Personas con culturas, idiomas, costumbres y religiones distintas, procedentes de más de doscientos países. Muchos, incluso, forman grupos organizados, violentos y peligrosos. Es una fuente de conflicto», subraya un miembro de Acaip. En el País Vasco, la imagen es similar a la del resto de España: uno de cada tres presos es originario de otro país, con un aumento del 50% en los últimos cuatro años.

Alargamiento de condenas

Pero hay más causas que han «disparado» el número de personas entre rejas. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, lo explicó de la siguiente forma: «El sistema penitenciario está pagando el endurecimiento de la reforma del Código Penal de 2003, del PP. Hay un alargamiento de condenas. No es que entren más personas, es que tardan más en salir». Los sindicatos, en parte, y las estadísticas confirman este extremo: España es ya el país con la estancia media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en el Consejo de Europa. Este organismo, además, alertó del «exceso» español de recurrir al encarcelamiento.

En este sentido, la nueva estrategia del Ejecutivo defiende el régimen abierto para combatir la ‘superpoblación’ de reclusos – Gallizo nunca emplea la palabra hacinamiento – . «Hay que potenciar al máximo las medidas cautelares. Como norma general, nada más entrar en la cárcel, a los presos se les califica de segundo grado… Da igual lo que hayan hecho. ¿Y es normal que a un persona que no pasa la pensión a sus hijos se le meta en la cárcel? ¿No sería mejor quitarle parte del salario?», se pregunta el representante de Comisiones Obreras.

De esta manera, Prisiones se ha planteado la construcción de centros de inserción social (CIS) para el cumplimiento de condenas en régimen de semilibertad. Éste, precisamente, es uno de los puntos que contempla el plan de creación y amortización de centros penitenciarios, presentado en noviembre de 2005 y vigente hasta 2012.

Con una inversión superior a los 3.000 millones, se construirán 46 infraestructuras. En total, se dotará al país de 8.029 nuevas celdas. Los sindicatos, no obstante, ya consideran «insuficiente» esta cifra. «Son muy necesarias, pero no son la panacea. El número de presos crece más rápido que el de celdas para los internos. Las previsiones hablan de 10.000 presos más para 2012», consideran. Y más ahora, subrayan los especialistas, por la reforma del Código Penal que castiga con penas de cárcel a los conductores que infrinjan ciertas normas. «Y hay que añadir el auge de otro tipo de delitos: los informáticos, la pederastia…», alertan.

Almacenes de carne

En Euskadi, sin embargo, la masificación de las prisiones – el informe de Acaip no incluye al penal alavés de Nanclares – es sólo una de las taras. Las deficiencias estructurales son un problema de primer orden, como denuncian los sindicatos, el Ararteko y acepta incluso la propia Mercedes Gallizo.

«Hemos constatado la obsolescencia e inadecuación de las instalaciones, cosa que sucede en Navarra, País Vasco y Soria…», reconoció la directora general de Prisiones en una intervención en la comisión de Interior en marzo de 2006. El Ararteko fue más allá en un informe de mayo de ese año. El escrito de Íñigo Lamarca recogió el mal estado de las cubiertas, «las deplorables condiciones de las ventanas», la suciedad, el mobiliario roto… Deficiencias ya detectadas en un estudio del Defensor del Pueblo vasco hace doce años y a día de hoy no «solventadas», afirma un delegado de CC OO en Euskadi.

Estas condiciones, junto al hacinamiento y a la fuerte presencia de extranjeros, generan multitud de conflictos. «Se trata de lugares de almacenamiento de personas, almacenes de carne, que no cumplen con su principal objetivo: la reinserción social del reo. Es imposible. Se provocan tensiones ya que el espacio vital de cada persona desaparece. Saltan chispas y los funcionarios no saben qué hacer. Estamos desbordados», razona Guzmán.