Las organizaciones de inmigrantes no han tardado en alzar la voz contra la intención del Gobierno de ampliar el periodo de internamiento de los inmigrantes ilegales hasta su repatriación, que ahora es de 40 días. Una medida que incrementa el tiempo de retención de una persona que no ha cometido ningún delito.
Ya lo anunció el jueves el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ayer lo puntualizó la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró no poder precisar el número exacto de días porque aún no se ha decidido, y resaltó que los 40 días es uno de los periodos más cortos de la UE.
Para el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, Esteban Cancelado, se trata de «toda una ofensa para el colectivo inmigrante» que se incremente «el tiempo de sufrimiento de personas detenidas sin que hayan cometido ningún delito en centros que no deberían existir».
Por su parte, el portavoz de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España, Esteban Melo, denunció que «si una persona pasa dos meses retenida, eso le va a provocar aislamiento, desarraigo social y le va a criminalizar». Además, advirtió de que «si se aumentan los plazos sin una sentencia judicial previa, lo que se está haciendo es violar el principio de proporcionalidad de la ley, tanto con la directiva europea» de retorno, que prevé unificar los plazos en todos los países.
En la misma línea se manifestó el representante de la asociación de ecuatorianos Rumiñaui, Raúl Jiménez, que lo consideró «una medida desproporcionada» porque supone «tratar como a delincuentes a personas con una falta es administrativa». Y es que esos centros «no son hoteles ni hogares de acogida», sino «lugares donde tienen restringidos sus derechos».