El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó ayer que el Gobierno pretende aumentar los plazos de internamiento de los extranjeros indocumentados, establecido ahora en 40 días, ya que la directiva europea sobre inmigración que los 27 intentan poner en marcha permitirá ampliarlo hasta los seis meses.
EUROPA PRESS, Madrid

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó ayer que el Gobierno pretende aumentar el plazo de internamiento de los extranjeros indocumentados, establecido en 40 días, ya que la directiva europea sobre inmigración ilegal que los Veintisiete intentan poner en marcha permitirá ampliarlo hasta los seis meses. No obstante, aseguró que en ningún caso el texto que discute la UE va a “modificar nuestro sistema hipergarantista”.

“En España nadie va a perder derechos”, afirmó el ministro. Rubalcaba explicó que esta directiva pretende que los Estados miembros se pongan de acuerdo “sobre unos mínimos” en materia de inmigración, teniendo en cuenta que hay “países como España donde todo está muy regulado, con derechos perfectamente establecidos y cada paso regulado y judicializado”, y otros países con “ninguna regulación”.

De esta manera, subrayó, estos “mínimos” no van a “obligar” a los países que van “más allá”, sino que va a dar “derechos donde no los había”.

“Los países que no tienen regulados esos derechos los van a tener regulados, y por tanto los inmigrantes ilegales van a tener derechos que no tenían, y los países donde estamos muy regulados, muy constreñidos por nuestra Constitución, naturalmente no vamos a tener disminución de derechos”, afirmó el ministro, que lamentó que se haya hecho una explicación de la directiva que “no es correcta”.

No obstante, Rubalcaba explicó que sí se producirán cambios en España en lo que al plazo de internamiento de los extranjeros indocumentados se refiere, con el objetivo de poder llevar a término los “complejísimos” procesos de repatriación.

“¿Qué queremos hacer nosotros y qué propusimos en nuestro programa electoral? Aumentar ese plazo de 40 días, porque no resulta fácil conseguir la repatriación”.

En concreto, explicó que la directiva europea “permitirá” a España “aumentar” el plazo establecido en la actualidad, aunque apuntó que no cree “necesario” llegar hasta los seis meses que contempla este texto, que sí limitará a los países en los que los inmigrantes “pueden estar retenidos infinitamente”, pero sí lo hará “algo más”. La directiva se debatirá la próxima semana, porque en la anterior reunión no hubo consenso.

Rubalcaba explicó que el plazo actual no permite ejecutar en esos tiempos los procesos de repatriación, ya que es necesario contar con la colaboración de los mismos inmigrantes, que no desean ser expulsados, y de sus países de origen, que no los quieren aceptar, y el proceso es largo.

“Todo el mundo arrastra los pies y por eso los plazos se quedan muy cortos”, agregó. De esta manera, defendió la necesidad de ampliar el plazo de manera que se puedan “sortear las dificultades” del proceso, porque “si no repatrías a nadie, al final acaban libres en España y sin papeles”.

Así, aunque aseguró que las repatriaciones constituyen una de las “decisiones más difíciles que toma un ministro del Interior”, Rubalcaba defendió que hay que ser duros con la inmigración ilegal: “Si somos laxos, primero potenciamos las mafias, y, segundo, esa avalancha no hay quien la pare”, dijo.

En este sentido, abogó por lanzar “un mensaje a África” que consiste en decir a sus jóvenes que si quieren venir a trabajar a España, hay “condiciones legales” para hacerlo, pero que si lo hacen ilegalmente, van a ser devueltos.

“No lo contamos, porque a los países que aceptan las repatriaciones no les gusta, y es entendible, pero las hacemos, porque es nuestra obligación”, afirmó el ministro, quien destacó lo “dolorosísimo de estos procesos”, que evitan “un efecto llamada”.

“La noche que sale un vuelo de Canarias a un país de África, esa noche no se duerme bien, porque uno piensa en la gente que se ha jugado la vida y que tiene que volver”, aseguró Rubalcaba.

Recordó que este Gobierno ya dijo “desde un principio” que iba a ser “estricto con la inmigración ilegal”, como, a su juicio, así lo atestiguan las cifras de repatriaciones, que en la pasada legislatura fueron “mayores” a las de los Gobiernos del PP, que mantuvieron una “retórica más dura”, pero una práctica “más laxa”.