El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que el Gobierno reformará la Ley de Extranjería para ampliar el plazo máximo de internamiento de los inmigrantes sin papeles que esperan su repatriación. En la actualidad, el tiempo máximo de reclusión en los centros de internamiento para extranjeros está en 40 días y siempre bajo supervisión judicial.

El artículo 62.2 de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, más conocida como Ley de Extranjería, establece que “el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente”. Además, especifica que la autoridad judicial, “atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá fijar un período máximo de duración del internamiento inferior al citado”.

El ministro, en declaraciones a la cadena Ser, no quiso concretar cuál es el tiempo máximo que baraja el Ejecutivo, aunque sí adelantó que no llegará al límite de seis meses, prorrogable a 18 meses, que fija la nueva directiva europea que el miércoles fue estudiada en Bruselas.

Pérez Rubalcaba señaló que considera excesivo el medio año, si bien insistió en que 40 días son insuficientes para los farragosos trámites que preceden a una expulsión: “Se interna a los que llegan ilegalmente, se les identifica y una vez identificados se llama al país de origen, que manda una comisión de identificación que les identifica de verdad, vuelven a su país, les hacen los papeles, te los mandan y permiten el vuelo de repatriación”. “Ese proceso es complejísimo y los plazos se quedan muy cortos”, se lamentó.

“Los países de origen saben que en España con que pasen los 40 días se acabó y esos señores quedan en libertad, por eso tenemos que tener un procedimiento que respete al máximo los derechos, pero que a la vez permita sortear estas dificultades”. Si no, advirtió Pérez Rubalcaba, “no repatriaremos a nadie y acabarán libres y sin papeles”. “Si somos laxos , primero potenciamos las mafias y, segundo, esa avalancha no hay quien la pare”, insistió.


Nadie va a perder

El ministro recordó el apoyo español al actual borrador de la directiva europea sobre repatriaciones y aseguró que, con la actual redacción, “en España nadie va a perder derechos” y “en países donde no había derechos los van a tener”.

España, insistió Pérez Rubalcaba, “es un país muy garantista, donde los derechos de los inmigrantes están perfectamente establecidos y cada paso está regulado y judicializado”. “Hay otros países donde no había ninguna regulación y lo que hemos hecho en Europa es ponernos de acuerdo sobre unos mínimos que todos debemos cumplir pero que no obligan a los países que ya íbamos más allá”, concluyó.

De hecho, España sólo logra repatriar a uno de cada cinco inmigrantes que residen sin permiso en territorio nacional. En 2007 se quedaron en el país 36.176 sin papeles a pesar de que las fuerzas de Seguridad les localizaron y llegaron a incoar los correspondientes expedientes de expulsión, según estadísticas del Ministerio del Interior a las que el departamento nunca ha dado publicidad. Interior da a conocer de manera periódica las grandes cifras de expulsiones, retornos, readmisiones o devoluciones, pero nunca ha desvelado cuántos son los irregulares que son identificados y fichados dentro del territorio nacional y que, sin embargo, jamás son repatriados.

Un reciente documento interno de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil apunta que en 2007 la Comisaría General de Extranjería y Documentación, el órgano encargado de gestionar las repatriaciones, incoó 45.714 expedientes de expulsión a inmigrantes en situación irregular detectados en el interior del país. Sin embargo, sólo pudieron ser expulsado 9.536 de estos sin papeles, apenas el 20,8 % del total.

Además, España es cada vez menos efectiva a la hora de repatriar a los clandestinos que ya han entrado. En 2006, las autoridades policiales dictaron órdenes de expulsión contra 48.857 irregulares, de los que finalmente fueron repatriados 11.373, un 23 o del total, tres puntos más que un año después.

En cuanto a la inmigración legal, los extranjeros con residencia autorizada superaron en marzo por primera vez la cuatro millones (4.192.835). Madrid, la Comunitat Valenciana y Cataluña agruparon el 65, 5.