La consellería recuerda que modificó la normativa en el 2007, después de conceder esta promoción en Lugo

El alcalde de Lugo, José López Orozco, vuelve a protagonizar una polémica con la Consellería de Vivenda. Si hace unas semanas fue por las Normas do Hábitat, ahora es por la adjudicación de, al menos, 30 viviendas de promoción pública a gitanos e inmigrantes en el barrio de A Ponte, situado junto al Miño. «En este caso, el Concello es un mero tramitador de expedientes; ni hicimos las viviendas ni las concedimos», aducía ayer Orozco como introducción a una serie de críticas a la consellería. «Si queremos dignificar las viviendas y los barrios, esta no es la mejor manera de hacerlo, y mucho peor es escurrir el bulto diciendo que el Concello nos pasó la lista y que el decreto lo hizo el PP».

El alcalde destacó que la participación del Ayuntamiento en la elaboración de listas de beneficiarios de los 57 pisos de esta promoción está sujeta a los criterios que fija el Decreto 257/2004. «La Xunta ya lleva cuatro años gobernando y si el decreto estaba mal, tiempo hubo de cambiarlo», reprochó.

El director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Daniel Pino, lamentó, en una nota de prensa, «a desinformación que amosa o alcalde de Lugo reclamando a modificación dunha normativa que xa foi modificada». Pino explica que, desde enero, las adjudicaciones de viviendas de promoción pública se regulan mediante otro decreto (253/2007), «que modifica substancialmente o proceso de adxudicación, que pasou a ser a través de sorteo entre os demandantes de vivenda protexida inscritos no Rexistro Único de Demandantes». Estas viviendas se adjudicaron antes del cambio de normativa.

El Concello lucense también emitió un comunicado relatando todos los pasos que han dado en la elaboración de la lista de inquilinos. Así, explican que en octubre del 2005 fue Vivenda la que se dirigió al municipio para abrir el plazo de solicitudes para las 57 viviendas. Se envió la documentación, «junto cun informe non vinculante», el pasado 30 de enero y «non se soubo máis ata o 23 de abril do 2008; data na que o IGVS insta de novo ao Concello a que publique a lista de adxudicatarios». Como conclusión, argumenta que la lista definitiva (que se elaborará en junio, cuando termine el plazo de alegaciones) la confecciona la consellería, «que ten a responsabilidade sobre as vivendas da súa propiedade».

Vivenda también elude su responsabilidad asegurando que no pueden «modificar a lista elaborada polo Concello, salvo que algún dos adxudicatarios incumprise os requisitos». Pino dice que el Ayuntamiento era «consciente» de la composición de la lista cuando la aprobó, por lo que ahora resulta «sorprendente» la contrariedad de Orozco.