Definitivamente, el Gobierno de Zapatero ha cambiado su discurso sobre inmigración. Si durante la pasada legislatura abogó – en palabras de la vicepresidenta De la Vega – por una «mirada cosmopolita y abierta» a la hora de abordar este fenómeno, justificó el proceso de regulación de inmigrantes como «necesario, conveniente y positivo» – según el propio presidente – y, en definitiva, puso el acento en la comprensión del problema, ahora el mensaje es otro. Incluso se habla de «avalancha» y «efecto llamada», expresiones que hasta antes de las elecciones escandalizaban al Ejecutivo cuando las utilizaba el PP.

El nombramiento de Celestino Corbacho – un hombre que como alcalde de Hospitalet ha vivido la realidad del problema – en sustitución de Jesús Caldera – el responsable de las regularizaciones masivas – ya presagiaba cambios. Pues bien, el ministro del Interior anunciaba ayer que España endurecerá las medidas contra la inmigración ilegal. Por lo pronto, se ampliará el plazo de internamiento de los extranjeros que entren en el país de forma irregular (40 días) para ganar tiempo a la hora de tramitar su expulsión. Ahora, a muchos clandestinos se les deja en la calle porque prescribe el plazo sin que se haya resuelto el papeleo para su repatriación. Esta medida le costará al Gobierno enfrentarse con las organizaciones humanitarias, que son contrarias a modificar la normativa.

«Tenemos que actuar así porque si somos laxos con la inmigración ilegal, la avalancha no hay quien la pare», se justificó ayer Rubalcaba. El ministro abogó también por lanzar «un mensaje a Africa» que evite «un efecto llamada». Muy probablemente el Ejecutivo también tenga que tomar medidas para evitar que el aeropuerto de Barajas se convierta en un coladero, después de que el magistrado Santiago Torres decretara el martes que la sala de inadmitidos carece de las dotaciones que establece la Ley de Extranjería, pues no dispone de «servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios». En tales condiciones, mantener a personas retenidas en esas instalaciones supone «un claro supuesto de privación de libertad». De hecho, el juez ordenó por ello la puesta en libertad de una brasileña que había denunciado su situación.

En todo caso, los datos facilitados ayer por el Observatorio Permanente de la Inmigración son preocupantes en un escenario de crisis económica como el actual. El número de extranjeros con permiso de residencia es ya de 4,2 millones, lo que supone un 30% más que en 2007, después de que en los últimos 12 meses aumentara en casi un millón. El 60% de estos extranjeros procede de países extracomunitarios. Baste apuntar que el paro creció en 2007 un 24% entre los trabajadores inmigrantes, frente al 5,3% de media nacional.

De las declaraciones de Rubalcaba se deduce que el Gobierno ha acabado por toparse con la realidad en materia de inmigración, ha puesto los pies en el suelo y contempla con inquietud la posibilidad de que el deterioro de la situación económica pueda crear un caldo de cultivo peligroso. Aunque es bueno corregir los errores, si en lugar de asumir la consigna de papeles para todos el Ejecutivo hubiera actuado con responsabilidad a su debido tiempo, hoy la situación sería mejor.