Los Veintisiete volverán a intentar aprobar el polémico texto que permite hasta un año y medio de detención de los inmigrantes El Gobierno español insistió ayer en que apoyará la directiva europea de repatriación de inmigrantes ilegales que impone máximos de detención para los sin papeles de hasta 18 meses y que una decena de países quiere endurecer.

Diego López Garrido, secretario de Estado para la UE, aseguró que España y sus socios comunitarios quieren «alentar la inmigración legal y desalentar la ilegal». El mensaje de los Veintisiete, según insistió en Bruselas el nuevo secretario de Estado, debe ser que «el inmigrante que está en situación ilegal en un país europeo tiene un destino: el retorno».

Tras casi tres años de negociación, los embajadores de los Veintisiete no consiguieron aprobar el miércoles la directiva de repatriación de inmigrantes que pretende, al menos, evitar los confinamientos indefinidos en centros de detención sin supervisión judicial, posibles en nueve países de la UE. Una docena de estados miembros, entre ellos Italia o Alemania, se opusieron al texto en el último momento porque sostienen que cada país debería tener más margen de actuación.

Según López Garrido, el Gobierno, que apoya la versión de la Comisión Europea, no votará a favor de un nuevo borrador «si no se establecen unas garantías o máximos temporales de internamiento».

La criticada directiva, que se volverá a debatir en el Consejo de la UE la semana próxima o la siguiente, aún debe ser refrendada por el Parlamento Europeo, que puede introducir modificaciones en su Pleno de junio, y, de nuevo, por los ministros de Interior y Justicia.

La Comisión salió ayer en defensa de la legislación, que definió como la única forma de ser «coherente» con la política de inmigración que fomenta la legalidad. «Si no, nadie nos va a tomar en serio…Tiene que haber consecuencias normales, legales», aseguró Friso Roscam, portavoz de Justicia e Interior, una cartera descabezada tras la marcha de Franco Frattini al Gobierno Berlusconi.

«La directiva da una disciplina común para los estados miembros», insistió el portavoz, junto a un asesor de Justicia que explicó las bondades de la norma con la que los gobiernos deberán elegir entre expulsar al inmigrante o demandante de asilo, o darle permiso de residencia regular. «Se acabaron las zonas grises», comentó el experto, convencido de que la ambigüedad en el estatus de los sin papeles fomenta la explotación.

La directiva trata de armonizar el procedimiento frente a cualquier inmigrante indocumentado en toda la UE. En primer lugar, el Estado afectado debe intentar la repatriación voluntaria en el plazo de una semana y recurrir al confinamiento en centros de detención sólo cuando se hayan agotado otras vías. El tiempo máximo de detención se establece en seis meses, pero si el inmigrante no colabora o el país de origen no emite los papeles para repatriarlo, puede mantener al afectado hasta año y medio encerrado. Los casos de países que menos ayudan a la UE en el papeleo, según se han quejado varios diplomáticos, son China e India.

Además, los menores no acompañados también pueden ser sometidos al mismo proceso, aunque con garantías especiales, como la obligación de que sean tutelados por una autoridad diferente de las agencias de inmigración o sean internados en un centro separado del resto de ilegales. La Comisión asegura que los estados miembros ya expulsan de forma habitual a menores y con esta legislación, al menos, se exigen salvaguardas. De igual modo, se establece que los guardias no pueden utilizar la fuerza y que el inmigrante tiene derecho a apelar a un juez.

Para cualquier indocumentado en los Veintisiete, el castigo extra, además, será la prohibición de entrada en todo el territorio europeo en los siguientes cinco años y durante un periodo más largo si ha cometido algún delito. Los expertos de la Comisión insistieron ayer en que esta parte es fundamental para mandar la «señal» de que «no es una buena idea» entrar sin papeles en Europa.

Sus defensores insisten en que la legislación, al menos, establece unos plazos máximos de retención para los países que aún no los tienen – Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda – . Sus detractores consideran excesivos los topes propuestos.

La Ley de Extranjería española permite retener a un inmigrante ilegal un máximo de 40 días y el Gobierno no tendría obligación de modificar este plazo si entra en vigor la legislación europea. Francia, por ejemplo, aplica un límite de 30 días y la media general de repatriación en la UE oscila entre dos y tres meses.