La controvertida directiva comunitaria sobre el retorno de los sin papeles cuenta con la oposición de los colectivos sociales españoles, así como de asociaciones de extranjeros residentes en nuestro país, que incluso se han solidarizado con la concentración de protesta a la iniciativa en la que varias ONG europeas participaron el pasado miércoles en Bruselas.

Ignacio Díez de Aguilar, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), indicaba ayer a este diario que la que muchos denominan directiva de la vergüenza es «preocupante» y que, si finalmente se lleva a cabo, «constituirá una nueva regresión en el respeto a los derechos fundamentales». Para Cear, representa «el mayor retroceso desde el nacimiento de la UE».

Díez de Aguilar criticó que el Gobierno «haya endurecido» su política de inmigración y consideró que aumentar a más de 40 días el plazo máximo de internamiento de los sin papeles «es una medida desproporcionada».

Lo mismo consideró Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo, que aprovechó para denunciar la «falta de transparencia y de buen funcionamiento» que existe en los centros de internamiento de extranjeros (CIES).

Ramírez recordó que la Ley de Extranjería prevé sanciones económicas para los irregulares y no expulsiones, aunque reconoció que luego, en la práctica, esto no se aplica así.

La Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) tampoco apoyarán al Gobierno.

Tanto Raúl Jiménez, portavoz de Rumiñahui, como el presidente de Atime, Kamal Ramouhni, dijeron a Servimedia que la propuesta de mantener internados a los irregulares hasta un máximo de 18 meses es «desproporcionada» y expresaron su rechazo a que la Administración pueda decretar la orden de internamiento de estas personas, y no los jueces, como hasta ahora se viene haciendo. Además, insistieron en la necesidad de que la legislación que se aplique a este colectivo respete los derechos humanos.