En el PP se encontraban ayer oficialmente sorprendidos – aunque secretamente complacidos – por el anuncio del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ampliar el plazo de internamiento de los inmigrantes sin papeles. A algunos la propuesta socialista incluso les parecía «muy dura» y «poco garantista con los derechos civiles de los ciudadanos que llegan».

«Por menos de eso, el mismo Rubalcaba nos llamó xenófobos a nosotros», recordaba Rafael Hernando, portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Popular.

Se refería a las críticas vertidas por el ministro contra el polémico contrato de integración para extranjeros que presentó Mariano Rajoy durante la campaña electoral. Rubalcaba dijo entonces que la propuesta del candidato de los populares era «humo con tufo de xenofobia». Sin embargo, el también controvertido contrato (o «compromiso») de integración presentado por la Generalitat Valenciana no ha recibido una condena tan contundente por parte de los socialistas.

De hecho, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha comprometido a estudiarlo y a buscar «puntos de encuentro» con los populares.

El principal partido de la oposición cree que, en esta ocasión, el Gobierno les ha pasado por la derecha.

«Yo creo que son conscientes de que la política insensata sobre inmigración que se ha seguido en la anterior legislatura se ha convertido en una bomba de relojería», consideró Hernando.

Este diputado del PP señaló que «prolongar hasta los seis meses el plazo de retención contribuiría a crear campos de internamiento».

Los populares sostienen que con 40 días hay tiempo de sobra para realizar todos los trámites, porque las autoridades ya saben los países que van a colaborar en las identificaciones (Marruecos, Senegal y Nigeria) y los que no. «No hay que prolongar por prolongar, sino ir directamente al origen del conflicto y decir a los países que no colaboran que, si no lo hacen, no se les darán determinadas contraprestaciones, como, por ejemplo, en ayuda al desarrollo».

Eso sí, lo más probable es que los populares lleguen un acuerdo con los socialistas cuando se debata este asunto en el Congreso, ya que, partiendo de la base de 40 días, admiten que en algunos casos, «por razones excepcionales», haya que prolongar la permanencia en los centros de internamiento de extranjeros (CIES).

De hecho, en alguna ocasión han hablado de que el plazo máximo se fije en 70 días.

El que se oponen radicalmente a la nueva política migratoria del Ejecutivo es Izquierda Unida, que critica que Rubalcaba apoye una directiva para el retorno de los inmigrantes indocumentados que consideran «vergonzosa».

IU – ICV ha presentado en el Congreso una serie de preguntas al Gobierno sobre este asunto y va a plantear todas las iniciativas que sean necesarias para oponerse a cualquier endurecimiento de la política con la inmigración, según informa Agustín Yanel.

Queda por ver cómo se reorganizará la decena de CIES existentes en España. Las 3.500 plazas disponibles albergan actualmente a cerca de un millar de personas, según fuentes del Ministerio del Interior. Si finalmente se amplía el plazo de internamiento, habría que ir pensando en disponer de más centros.