El Gobierno ha abandonado definitivamente su discurso políticamente correcto en materia de inmigración. Alfredo Pérez Rubalcaba pidió ayer mano dura con los sin papeles en la cadena Ser y advirtió sin acomplejarse de que, «si somos laxos con la inmigración ilegal, primero potenciaremos las mafias y, segundo, esa avalancha no hay quien la pare».

El ministro del Interior incluso presumió de formar parte de un Ejecutivo que es «más duro» con los indocumentados que lo que lo fue el PP, y anunció nuevas medidas para combatir las travesías clandestinas, en la línea de la directiva de retorno que debate la UE.

Para empezar, el Gobierno va a ampliar el tiempo máximo que los irregulares pueden estar retenidos hasta que se tramita su expulsión. Ahora está fijado en 40 días, «un plazo que se queda muy corto», según Rubalcaba. Sigue en página 8

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Este periodo de 40 días es el que va desde que el juez autoriza el ingreso del inmigrante en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta que se le envía de regreso a casa en un vuelo de repatriación. Entre medias, las autoridades tienen que averiguar quién es el recién llegado y contactar con el país de origen, que manda una delegación que identifica al sin papeles (muchos se niegan a dar su nombre para que no se les expulse), regresa, le prepara la documentación y la remite a España.

El ministro del Interior explicó que, «con todos estos trámites, este plazo resulta en la práctica muy difícil de cumplir»; sobre todo porque en muchas ocasiones tanto los indocumentados como las autoridades de los países de origen «arrastran los pies».

«Saben que, cuando pasen los 40 días, se acabó: esos señores quedan automáticamente en libertad. Tenemos que tener un procedimiento que permita sortear estas dificultades porque si no no repatriamos a nadie y, al final, acaban libres en España y sin papeles», manifestó.

Rubalcaba recordó que el plazo de 40 días, además de poco efectivo, es de «los más bajos de Europa». Y, aunque no precisó en cuánto lo ampliará, dijo que tampoco «es necesario» llegar hasta los seis meses que, como norma general, propone la UE.

De hecho, el Gobierno puede fijar los tiempos que quiera, independientemente de cómo quede finalmente la directiva de la UE. Rubalcaba aseguró que «no se recortan los derechos de los inmigrantes» y que nuestro país sigue siendo «garantista».

Es cierto que el PSOE ya proponía aumentar el plazo máximo de internamiento en su programa electoral, pero el discurso un tanto alarmista del ministro (ya pronuncia la expresión prohibida «efecto llamada») y su adelanto de lo que será la política migratoria de los próximos años chocan con lo expresado otras veces; por ejemplo, al anunciar hace unos meses con una sonrisa que el número de los llegados en patera a las costas españolas había descendido un 54% (fueron 39.180 en 2006 y 18.057, en 2007) o que se había repatriado un 6% más que el año anterior.

Se acabó el buenrollismo, las regularizaciones extraordinarias y los papeles para todos. La nueva etapa de fronteras blindadas y del «a España que vengan todos con contrato» (Celestino Corbacho dixit) se ha granjeado la admiración de, entre otros, el número dos de la Liga Norte, Roberto Maroni. «Yo cito con frecuencia a España como país que sabe integrar a los inmigrantes, pero también sabe ser firme con los ilegales. A nosotros nos tacharían de esclavistas si impidiéramos el paso de clandestinos como se hace en Ceuta y Melilla», ha dicho el nuevo ministro italiano del Interior.

La crisis económica ha tenido mucho que ver en este golpe de timón. Y, también, los datos más recientes, que apuntan a que España sigue siendo el paraíso de la multiculturalidad. Las cifras que el Observatorio Permanente de la Inmigración hizo públicas ayer señalan que el número de extranjeros en situación legal ha aumentado un 29,5% en sólo un año.

A 31 de marzo de 2008, un total de 4.192.835 tenía tarjeta de residencia en vigor; es decir, 956.092 personas más que las que se registraron el 31 de marzo de 2007 (3.236.743). Este millón de regulares extra bate récords. Nunca, en los últimos cuatro años, se había producido un crecimiento tan grande.

En 2005, el año de oro para los recién llegados por el proceso extraordinario de regularización que puso en marcha el Gobierno socialista, se registró un aumento del 28%. Y ya se consideraba un porcentaje significativo. El 31 de marzo de 2006, se contabilizaron 2.878.250 permisos de residencia, 823.797 más que los que existían 12 meses antes.

Luego, la cosa se frenó. En marzo de 2007 se hablaba de 3.236.743 legales, 358.493 más que en el mismo mes del año anterior (un incremento del 12%).

Fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, del que depende el Observatorio Permanente, atribuyeron ayer la considerable subida de este año a la entrada de los rumanos y los búlgaros en la UE (lo hicieron el 1 de enero de 2007) y a que, por primera vez, se han contabilizado también las tarjetas de residencia que se conceden a los estudiantes extranjeros. De hecho, el colectivo que más ha crecido es el de los rumanos (un 151%), seguido de los búlgaros (un 85%) y los polacos (45%).

Tampoco hay que perder de vista que siguen llegando inmigrantes a nuestro país, a pesar del aumento del paro entre la población extranjera, fundamentalmente por la crisis de la construcción. Lo demuestra el que también en el último trimestre haya aumentado – en un 5% – el número de permisos de residencia. Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía agrupan a la mayor parte de esta población, que es sobre todo masculina y procede, especialmente, de Marruecos (675.906 personas), Rumanía (664.880) y Ecuador (413.642).

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