Dentro de las diferentes circunstancias que viven los inmigrantes irregulares, afloran los indocumentados que no pueden ser expulsados a ningún país. No se trata de apátridas, para los que sí existe una regulación, sino de los que carecen de documentación que acredite su procedencia. Puede ser porque España no tiene acuerdo bilateral de repatriación con su país, o bien porque su país no les reconoce como nacionales.

Para “la población inmigrante indocumentada con orden de expulsión que no se puede ejecutar”, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que aboga por su regularización.

Se pide anular las órdenes de expulsión no ejecutables y concederles permiso de residencia. Si permanecen sin documentos, la marginalidad es su destino; y si se les repatría están abocados a un posible maltrato en sus países, dicen.