La decisión del Comité de Representantes de la UE de aplazar la aprobación prevista para ayer de la nueva Directiva de Retorno de los inmigrantes en situación ilegal y la división registrada al respecto en el Parlamento Europeo demuestran que los Veintisiete están lejos de haber resuelto el doble problema al que se enfrentan. Por una parte, la entrada anual de entre medio y un millón de extranjeros ‘sin papeles’ a través de las fronteras europeas ha generado una realidad social al margen de la legalidad que anima a las mafias a proseguir con el deleznable negocio de la trata de seres humanos, y cuyo combate precisa de un marco de actuación más coordinado en el seno de la Unión. Pero, por otra, la UE parece incapaz de solventar el dilema que contrapone la garantía de la seguridad ante la llegada irregular de inmigrantes al irrenunciable respeto a los derechos humanos, de los que no se puede sustraer a los indocumentados por el hecho de serlo. La controvertida directiva prevé, entre otras medidas, que los inmigrantes ilegales puedan ser retenidos por autoridades judiciales o administrativas durante seis meses antes de ser devueltos a su país de origen, un plazo que se puede ampliar doce meses más ante circunstancias extraordinarias. Sus defensores subrayan que esta reglamentación acota el margen de maniobra de los nueve estados miembros que no limitan el período de detención ninguno de ellos entre los principales receptores de extranjeros, un argumento pretendidamente garantista al que vendría a dar la razón el endurecimiento legislativo por el que abogaron ayer países clave como Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, la eficacia demostrada por las repatriaciones para desactivar la inmigración irregular requiere, por su propia naturaleza, de un tratamiento lo más ágil posible y con pleno control judicial, porque la prolongación del internamiento compromete los derechos de quienes ya soportan un difícil trance personal definido por la indefensión. La evidencia de que la desaceleración económica está contribuyendo a alentar las políticas más restrictivas hacia la entrada de extranjeros y la dificultad para conciliar las distintas exigencias nacionales no deberían redundar en una armonización legal construida sobre los criterios menos respetuosos con los valores comunitarios, ni llevar a España a subordinarse en la gestión de un problema que le concierne directamente.