La Unión Europea aprobará hoy, con el apoyo de España, una directiva sobre el retorno de inmigrantes ilegales que permite prolongar su detención hasta 18 meses. La nueva normativa no obliga al Gobierno español a endurecer su legislación estatal, pero le da margen para ampliar los plazos de arresto o recluir a menores, prácticas que la UE avala en la nueva directiva.

El Gobierno español ha apoyado la propuesta con el argumento de que defiende una política de inmigración europea común y uno de los primeros pasos es aproximar legislaciones. Junto con otros países, defendió con éxito eliminar algunas “trabas burocráticas”, como la implicación de un juez en cada orden de detención o la revisión mensual de la decisión, que hubieran sobrecargado a la justicia y “dificultado las repatriaciones”. El acuerdo, consensuado con el Parlamento Europeo, será aprobado hoy por los embajadores de los Veintisiete.

La legislación española sobre expulsión de inmigrantes en situación irregular está entre las más garantistas de Europa. El límite legal de detención es de 40 días, mientras países como el Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Finlandia ni siquiera tienen plazos. De ahí el amplio límite de la directiva. Algunos tampoco notifican por escrito las órdenes de expulsión, como exige la propuesta, algo que la legislación española sí prevé.

Se permite como último recurso el internamiento de menores en centros especiales para ser devueltos a sus países de origen si hay garantías de que les acogerá un familiar o tutor. La normativa se aplicará cuando haya acuerdos de repatriación con los países de origen y pretende elevar la protección de los inmigrantes, pero ha suscitado un amplio rechazo entre numerosas ONG que hoy se manifestarán ante el Consejo de la UE.