La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH – A) exigió ayer el cierre «inmediato» de los centros de internamientos de inmigrantes La Piñera en Algeciras y Capuchinos en Málaga, – dependientes del Estado español – , por «vulnerar gravemente los derechos fundamentales» de los extranjeros que por estar en situación administrativa irregular, se encuentran allí retenidos.

Los coordinadores del área de Relaciones Internacionales e Inmigración, Rafael Lara y Brigitte Espuche, aseguraron que estos centros de internamiento «de carácter penitenciario» se encuentran en «condiciones lamentables» y sin que se pueda ejercer «ningún control» externo sobre su gestión, «ya que impide la entrada a las ONG`S».

Respecto al centro algecireño Lara apuntó que presenta «deficiencias muy importantes» y que las 250 plazas que tiene, «son sobrepasadas ampliamente».

Además, subrayó que los internos no pueden recibir visitas de sus familiares, no tienen intérpretes y las condiciones de atención médica y jurídica son «bastante deficientes», algo que han podido comprobar en visitas «casi clandestinas».

Defensor

Por ello, la asociación solicita al Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, que realice una investigación sobre la situación de estos centros, en los que demandan «mayor transparencia y control ciudadano».

Por otro lado, Brigitte Espuche anunció que APDH – A participará hoy en una movilización de la sociedad civil en Bruselas en contra de la directiva europea de retorno, que se votará en el Parlamento Europeo el próximo 5 de junio.

Además, la asociación pide eurodiputados españoles su voto negativo hacia esta medida, a la que tildaron de «directiva de la vergüenza» por «significar una verdadera regresión en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los migrantes en situación irregular, que son pura y simplemente criminalizados».

En concreto, la coordinadora de la organización consideró «escandalosa» esta normativa por «prever un encierro de los extranjeros en situación irregular de entre seis y 18 meses, – en España es de 40 días en la actualidad».

Asimismo, la normativa quiere «prohibir la entrada en el territorio europeo de cinco años para las personas expulsadas y aprobar que los menores no acompañados puedan ser retenidos o detenidos en CETIS».