El nuevo ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, rectificó ayer al Consell asegurando que la reunión que mantendrá hoy con el conseller de Inmigración no servirá para tratar el polémico contrato de integración de la administración autonómica, si no que se trata de una primera toma de contacto. Es decir, todo lo contrario a lo que se ha defendido estos días desde departamento de Rafael Blasco, que sostiene que el encuentro servirá para tratar políticas comunes de integración, el contrato para extranjeros y la necesidad de aumentar la financiación.

Es más. Horas después de las declaraciones del ministro llegó la convocatoria de la reunión remitida desde la Generalitat, en la que se dice claramente que la citación de los dos responsables servirá para “tratar políticas relacionadas con la integración de los inmigrantes”.

El ministro, que recibirá a Blasco a las 17 horas, dijo que el encuentro se produce en respuesta a una “carta de felicitación” enviada tras ocupar el puesto y porque Blasco le pidió “una reunión”, según informó Europa Press.

Corbacho señaló además que no sólo recibirá a Blasco, sino que ayer se reunió con la consejera de Castilla la Mancha, mientras que la próxima semana se desplazará hasta Extremadura. También prevé realizar una visita a Canarias, añadió, para entrevistarse con los responsables autonómicos.

En el encuentro la Conselleria tiene previsto tratar la financiación, alegando que la Comunitat es la segunda autonomía que menor aumento de los recursos del Estado ha recibido este año (0,4% respecto a 2007), según la cuantía del Fondo para la Integración de Inmigrantes del ministerio. Para 2008 se han destinado a las arcas valencianas 22,8 millones, lo que supone una media de 31 euros al año por cada inmigrante de la Comunitat.

También se hablará del traspaso de competencias, como la tramitación de autorizaciones de trabajo, la contratación de mano de obra en origen o la posibilidad de gestionar la reagrupación familiar, sin olvidar una serie de ayudas que permitan facilitar, en el marco de la futura Ley de Integración, el retorno voluntario de las personas extranjeras. Y también se tratará el contrato para inmigrantes, o al menos, eso es lo que pretende el conseller.

El ministro Corbacho, pese a decir que no se iba a hablar de inmigración en la reunión, se mostró abierto al diálogo, aunque avisó de que en las competencias que no sean de las comunidades y los ayuntamientos “será la Administración General del Estado la que determine los calendarios y las decisiones”.

Mientras, Cáritas Diocesana mostró ayer su apoyo al compromiso de integración de los inmigrantes que prepara la Conselleria de Inmigración, ofreciendo un punto de vista sensiblemente distinto al de la Conferencia Episcopal. La directora de la entidad caritativa en Valencia, Concha Guillem, preguntada por la iniciativa, explicó que el principal trabajo de Cáritas con los inmigrantes se basa en facilitar el conocimiento del idioma, el trabajo y la vivienda, por lo que “siempre apoyaremos una integración que pase por estos tres pilares”.

Las declaraciones suponen un punto de apoyo importante, teniendo en cuenta que la valoración realizada por los obispos a finales de la pasada semana sirvió para rechazar la propuesta, que busca conseguir un compromiso con los extranjeros no comunitarios en el que se reflejen una serie de derechos y deberes para favorecer la integración. Fue el responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Sánchez, el que rechazó este tipo de legislación, alegando que se elabora pensando en los intereses nacionales y no en los del inmigrante.

Durante la presentación del encuentro de inmigrantes habló la secretaria autonómica de Inmigración, Gotzone Mora, que defendió el contrato señalando que ha recibido dos invitaciones para presentarlo, una en Wessen (Alemania), durante un seminario sobre migraciones, y otra en Tampere (Suecia), en la Asamblea de Regiones de Europa.

Por otro lado, el Colegio de Abogados de Valencia también se posicionó sobre el contrato de inmigrantes, asegurando que no puede ser una medida “impuesta”. El decano del Colegio, Francisco Real, explicó que “dados los escuetos datos que se han facilitado, las dudas que nos plantea el proyecto se centran tanto en su eficacia, ya que se trataría de un compromiso cuyas obligaciones no serían jurídicamente exigibles, y en su idoneidad, ya que genera una fuerte tensión en el respeto de la identidad cultural de los inmigrantes”, según el decano.

Además, las asociaciones que asisten a los inmigrantes denunciaron ayer que el centro de acogida de Valencia ya acumula un mes de retraso sobre las previsiones del Consell y el Ayuntamiento, quien aseguró que se está preparando la firma que permitirá ponerlo en marcha.